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El denominado Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública, emitió ayer un comunicado en el que critica las mociones que los diputados planean introducir a ese proyecto, por atentar contra la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a estar informados de la gestión pública.
“Estas posiciones sólo contribuyen a preservar la cultura de la discrecionalidad y el secretismo, que tanto daño han hecho a nuestro país”, dice el comunicado.
El Grupo Promotor lo integran, entre otras organizaciones, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Instituto para el Desarrollo y la Democracia, Coordinadora Civil, Hagamos Democracia, Instituto de Estudios Nicaragüenses y Grupo Fundemos.
De acuerdo al comunicado del Grupo Promotor, la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, que lleva el caso de la Ley de Acceso a la Información Pública, no toma en cuenta las recomendaciones para mejorar el proyecto.
“Si bien (la comisión) se mostró dispuesta a escuchar nuestras observaciones, ha ignorado las propuestas de carácter fundamental planteadas por el Grupo (Promotor). En oposición al criterio del Grupo Promotor, los diputados mantienen las mociones que protegen los intereses de los funcionarios públicos”, indica.
Entre las mociones que consensuaron los diputados, se establece que las declaraciones de probidad de los funcionarios públicos serán consideradas “información privada”.
Información reservada
El Grupo Promotor declaró su alarma por el concepto de “información reservada”.
“Una de las mociones propone que debe considerarse como información reservada, toda aquella que obstaculice o frustre las actividades de prevención o persecución de los delitos y del crimen organizado, de parte del Ministerio Público, la Policía Nacional y cualquier otra entidad del Estado que coadyuve en la prevención o persecución del delito”, relata el comunicado.
“El Grupo Promotor considera que la información reservada debe mantenerse limitada al Ministerio Público y la Policía Nacional, que son las instituciones que por su naturaleza la Constitución Política establece para tal fin, y eliminar la alusión de hacerla extensiva a cualquier otra entidad del Estado”, concluye el Grupo Promotor.
También señala que no deben incluirse dentro del ámbito de información pública, los datos de entidades privadas que reciben beneficios del Estado.
