Los días recientes han visto un esfuerzo inusitado por ordenar las finanzas públicas de Honduras, encabezado por el presidente y sus ministros con “el alicate en mano”.
Es una forma de decirlo, claro está, pero es una drástica decisión. Enfrentada a pérdidas anuales de 160 millones de lempiras (unos 8.4 millones de dólares) la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) lanzó el fin de semana pasado un operativo de corte masivo a clientes morosos. El 21 de febrero su dirección fue asumida por el presidente Manuel Zelaya, en un intento de evitar su quiebra.
El alicate ha sido aplicado a moros y cristianos: negocios, empresas, instituciones de servicio, residencias privadas, a un ex presidente de la República — los negocios de Rafael Callejas deben 20 mil dólares — y hasta a funcionarios del actual Gobierno, aunque no sin ciertas ambigüedades en este último caso. Para apoyar a las cuadrillas, los acompañan policías y soldados . Las acciones son supervisadas por el Ministro de Defensa.
Al comienzo del operativo, según datos del diario La Prensa de San Pedro Sula, 15 mil empresas y 3 mil residencias privadas adeudaban en total 20 millones de dólares desde hace 15 años. El Gobierno mismo le debe a la ENEE unos 27 millones de dólares. En un país de 7.5 millones de habitantes la empresa estatal tiene apenas unos 600 mil clientes.
Al contrario de Nicaragua, la distribución de la energía eléctrica es aún un monopolio estatal, el de la ENEE.
La evasión de pagos es estimulada allá por el impuesto oficial que ronda el 49 por ciento de la factura eléctrica.
“El corte ha sido bastante parejo”, nos comentó telefónicamente Jessica Figueroa, periodista económica del rotativo asignada al caso.
Cada día, cientos de miles de dólares son recuperados gracias al cobro de los pagos atrasados, afirman las autoridades. La medida tiene apoyo popular y político, pero no han faltado las críticas.
Para la Coalición Patriótica, una alianza de 40 movimientos sociales, todo es “una cortina de humo” del Gobierno, el cual se ha metido a resolver otro problema sin dar una solución definitiva a un primero.
Pese a la oposición de las tres importadoras tradicionales de crudo — la estadounidense Exxon, Texaco y la holandesa Shell — y a la de la embajada de EE.UU. , Manuel Zelaya convocó a una licitación con el objetivo de abaratar el consumo de combustible en el país.
Honduras invirtió en el 2005 unos 928 millones de dólares en la compra de combustibles y lubricantes. En el 2006 la cifra sería superior a los 1,100 millones de dólares.
El concurso fue ganado por Conoco Phillips, una empresa de EE.UU. El Ejecutivo calculaba que ahorraría casi US$ 52 millones este año.
Sin embargo, la falta de capacidad de almacenamiento y el boicot de las 3 multinacionales han echado por tierra los planes y no hay una solución a la vista. El asunto se agravó con la demanda de nulidad que contra un decreto de emergencia que permite el uso de sus terminales por el Estado, presentó ayer Dippsa, la Distribuidora de Petróleo.
Ambos problemas —la traída del petróleo y la generación de energía— están ligados. Nueve generadoras privadas venden al Estado 789.7 megavatios, o sea satisfacen el 70 por ciento de la demanda nacional. El restante 30 por ciento, o unos 464 megas, proviene de centrales hidroeléctricas.
El Gobierno dispuso que los onerosos contratos de generación térmica con los privados, a los que paga más US$ 315 millones al año, serán renegociados.
Las empresas mismas y el gremio patronal están de acuerdo, aunque con respeto a las leyes, como destacó Adolfo Facussé, presidente de la Asociación Nacional de Industriales.
Una salida a la crisis energética no se vislumbra en Honduras, país dependiente del petróleo en un grado similar al de Nicaragua.
Como sugiere lo acontecido en el país vecino, hallar las soluciones al problema energético nacional requerirá una combinación de actos drásticos, voluntad política y de concertación, y la disposición de todos los sectores a una cuota de sacrificio.
