El asesinato con abundancia de crueldad de tres diputados salvadoreños en Guatemala es una prueba de que la actividad criminal se salió de control en Centroamérica, en particular en el llamado “Triángulo Norte”.
Según las características del bestial hecho, es bastante razonable suponer que ésta es una obra de un grupo de la mafia, aunque serán las investigaciones policiales y los jueces los que determinarán si el móvil lleva al crimen organizado o es de otro tipo.
Guatemala, El Salvador y Honduras son los países más inseguros de Centroamérica y están entre los más violentos del continente y del mundo. El narcotráfico ha echado largos tentáculos allí y, en particular en Guatemala, la penetración en la Policía y los órganos de seguridad llega a los niveles más altos.
La inseguridad es generalizada para los ciudadanos comunes y el asesinato parece enviar un mensaje nuevo: los miembros de las élites políticas pueden ser eliminados, nadie está a salvo.
Desde un análisis racional, frío y distante, se ve poco probable el móvil político, pese a que la muerte de los tres diputados tuvo lugar un día antes del 15to. aniversario del fallecimiento del polémico fundador de la oficialista Arena, el mayor Roberto D’Aubuisson, señalado de jefear los escuadrones de la muerte en los años ochenta y de ordenar el asesinato del obispo Oscar Arnulfo Romero. Uno de los tres diputados del Parlacen era su hijo Eduardo D’Aubuisson, lo que concede al asesinato un valor simbólico.
El presidente Elías Antonio Saca y otros dirigentes de Arena fueron muy prudentes con sus declaraciones y no han apuntado el dedo antojadizamente a sus rivales políticos del FMLN, lo que tendría un peligroso potencial de violencia de consecuencias insospechadas, no solamente para El Salvador.
Las características del hecho no son propias de los asesinatos políticos. Y la escogencia de la fecha podría solamente servir como un disfraz.
Guatemala, país fronterizo con México y camino obligado de la droga que viaja a Estados Unidos, es quizás el Estado centroamericano más penetrado en sus estructuras sociales y de seguridad por el narcotráfico. Muchos de los capos son policías o militares, lo que les da impunidad. Hace años hubo que reorganizar el departamento antinarcóticos de la Policía por las constantes pérdidas de toneladas de drogas, aunque eso no dio mayores resultados. El año pasado, el jefe máximo antidrogas de Guatemala y un asistente fueron arrestados y juzgados en EE.UU. por estar vinculados al narcotráfico. También se dio el “robo del siglo”, de millones de dólares, en el Aeropuerto Internacional en las narices de las autoridades.
Como en Honduras y El Salvador, los secuestros —sobre todo de personas con recursos— están a la orden del día.
Y hablamos de los más recientes ejemplos apenas.
Ayer detuvieron a los primeros cuatro sospechosos del asesinato de los salvadoreños. Todos eran policías y uno de ellos es el jefe de la unidad de lucha contra el crimen organizado.
Cada vez más, políticos de distintos colores son detenidos por colaborar con los traficantes. En Nicaragua tuvimos el caso de un diputado hondureño del Parlacen y en el vecino país, un par de legisladores han sido destituidos y arrestados por actos de este tipo.
Los sospechosos del caso en Guatemala apenas comenzarán a declarar, aún no se establece el móvil.
Una circunstancia que no se ha mencionado lo suficiente es que en meses recientes El Salvador aprobó la Ley Contra el Crimen Organizado y se apresta a crear tribunales especiales que la apliquen.
¿Fue un “mensaje a Arena” —como lo sugirió Saca— una advertencia contundente? Y si es así ¿por ese motivo? No lo sabemos, pero no es descabellado.
Junto a la pobreza y las desigualdades sociales, la criminalidad son las mayores amenazas a la frágil democracia centroamericana.
Firmamos un tratado comercial con Estados Unidos del cual no podremos sacar provecho si no hay seguridad ciudadana o jurídica. Estamos a punto de comenzar a negociar un tratado de asociación con la Unión Europea.
La violencia y la inseguridad hacen perder calidad de vida, desalientan la inversión y hacen inviable el desarrollo.
Y lo peor, como lo demuestra el deleznable hecho, están fuera de control.
