- Con Alemán los Ceni se emitieron a altos intereses y se reclasificaron las carteras
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El ex ministro de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Montealegre, dijo ayer que no fue sólo él quien autorizó la renegociación de los Certificados Negociables de Inversión (Ceni), sino todos los miembros del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua (BCN).
Montealegre dijo, además, que la decisión representó para Nicaragua un ahorro de 18 millones de dólares anuales sólo en el caso de la renegociación con el Banco de la Producción (Banpro).
Dijo que un equipo técnico presentó al Consejo Directivo del Banco Central la propuesta y que “el Consejo estaba presidido por Mario Alonso, yo como ministro de Hacienda, el representante del Frente Sandinista, Silvio Conrado, representantes del sector privado, el tío de María Fernanda Flores de Alemán, don Benjamín Lanzas, don Gilberto Cuadra y don Ricardo Parrales”.
“La decisión fue tomada por el Consejo Directivo del Banco Central por unanimidad, tomando en cuenta que se ahorraban 18 millones de dólares anuales, se extendió el plazo a diez años, no se tuvo que desembolsar 2,400 millones de córdobas en el 2004 para pagar esos Ceni y se permitió que se lograra cerrar la negociación para llegar a la HIPC”, expresó Montealegre.
UN CONSEJO EMITIÓ LOS CENI Y OTRO LOS RENEGOCIÓ
Aunque el economista Néstor Avendaño, autor del estudio sobre los Ceni encargado por la Contraloría General de la República, sostiene que el Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua tiene responsabilidad en toda esta operación ya que ellos fueron quienes aprobaron realizarla desde sus orígenes hasta la reestructuración, la verdad es que los miembros que aprobaron inicialmente la emisión de los Ceni eran Noel Ramírez Sánchez, ex presidente; Esteban Duque Estrada, ex ministro de Hacienda; Gilberto Cuadra, Benjamín Lanzas, Silvio Conrado y Parrales, bajo la administración del presidente Arnoldo Alemán.
En cambio, el proceso de renegociación que bajó los intereses y amplió el plazo de pago fue aprobado por el Consejo Directivo, con la diferencia que el ministro de Hacienda ya para ese entonces era Eduardo Montealegre y el presidente del BCN era Mario Alonso Icabalceta, o sea ya bajo la administración de Enrique Bolaños.
¿CENI LEGALES O ILEGALES?
El economista sostiene que en principio la emisión de deuda a través de los Ceni debió ser aprobada por la Asamblea Nacional y no se hizo, lo cual dio inicio a la ilegalidad de esta emisión. Después el gobierno del ex presidente Enrique Bolaños, también obvió al parlamento al iniciar un proceso de reestructuración de la deuda, continuando con la ilegalidad del proceso, que dio pie a que la Contraloría General de República denunciara de nulidad esta emisión. De forma que, según el economista, la primera conclusión es que todo el proceso es ilegal.
Sin embargo, pese a ello y a las denuncias públicas en este sentido, agrega que la Asamblea Nacional continuó aprobando el pago de esta deuda sin impulsar ninguna acción en esa dirección, incluyendo el Presupuesto del 2007, que destina una partida de 790 millones de córdobas.
¿POR QUÉ SE ELEVÓ LA DEUDA?
Al valorar la reclasificación de la cartera en el 2001, aseguró que el Banco Central cometió serios “errores”. El primero fue dejar pasar seis meses para hacer la valoración de la cartera de los bancos quebrados.
Avendaño agrega que el BCN no tenía competencia para reclasificar la cartera, ya que eso era una atribución que tenía que realizar la Superintendencia de Bancos. Estos dos factores contribuyeron a elevar más el endeudamiento del país.
El Estado nicaragüense deberá pagar más de los 120 millones de dólares por los Certificados Negociables de Inversión (Ceni). Según Avendaño, desde un inicio la deuda debió ser de 212.4 millones de dólares, y no los 332.2 millones que resultó. Todo esto más intereses.
UNA DEUDA IMPOSIBLE
Por otro lado, Avendaño coincide con Montealegre en que la reestructuración de la deuda de los Ceni entre los bancos beneficiados y el gobierno, en 2003 bajo la administración Bolaños, fue porque era virtualmente imposible que el país cancelara una deuda de más de 400 millones de dólares, pactada en la administración de Arnoldo Alemán a ser pagada en un plazo de tres años. La renegociación lo que hizo fue extender el pago a diez años, con sus respectivos intereses.
Sólo el Banco de Finanzas (BDF) no aceptó la reestructuración y se le pagaron 102 millones de dólares en concepto de Ceni, explicó el economista.
Sin embargo, el economista denunció que las juntas liquidadoras de los bancos quebrados ordenaron el pago de los acreedores de los bancos liquidados en lugar de garantizar las obligaciones con los trabajadores y los cuentahabientes que es como establece la ley. “La deuda creada en contra del gobierno en ocasión de la liquidación de los bancos debió haber sido exclusivamente para respaldar los depósitos del público”.
