LA PRENSA, a través de sus editoriales ha instado a depurar el sistema de administración de justicia que está enfermo de corrupción y politización partidista extrema. En este sentido, hemos planteado que, entre muchas otras medidas, existe la opción de hacer vitalicia la función de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, algo que ya existe en otros sistemas jurídicos del mundo.
Aparentemente, algunos magistrados de la Corte Suprema han hecho eco a esta propuesta y en los últimos días han mostrado interés en la posibilidad de hacer vitalicio el cargo que ellos desempeñan. Celebramos ese interés. Sin embargo, habría que dejar bien claro algunos detalles. El primero de ellos, el más obvio, es que ninguno de los actuales magistrados debería aspirar a ser parte de la primera Corte Suprema vitalicia de la historia nacional. La razón es sencilla. Su nombramiento fue eminentemente partidista. Con esto no queremos decir que los actuales magistrados sean incapaces desde el punto de vista del conocimiento de las leyes, sino que en su actuar han demostrado que no son personas imparciales e independientes y que al emitir o no emitir sus fallos, reflejan el interés político del caudillo del partido al que pertenecen.
Un solo ejemplo basta para probar el punto antes señalado. En diciembre del 2003, la juez Juana Méndez halló culpable al ex presidente liberal Arnoldo Alemán por lavado de dinero, malversación de fondos públicos y fraude al Estado y lo condenó a 20 años de prisión. Inmediatamente, la defensa legal de Alemán apeló la sentencia y alegó que mientras la apelación no fuera resuelta, la sentencia de la juez Méndez no estaba firme. Desde entonces han pasado más de tres años y el Tribunal de Apelaciones todavía no resuelve el recurso de apelación. ¿Por qué? Porque no han recibido la orden “de arriba”. Porque el Tribunal de Apelaciones lo mismo que la Corte Suprema de Justicia son extensiones de las dos principales bancadas partidistas representadas en la Asamblea Nacional. Porque la justicia en Nicaragua no es ciega sino que tiene los ojos muy abiertos. Por eso decimos que los actuales magistrados están descalificados para ser parte de una Corte Suprema vitalicia. De lo contrario, los nicaragüenses estaríamos condenados a sufrir injusticias, ilegalidades y arbitrariedades por el tiempo que les dure la vida.
En segundo lugar, puesto que la politización y la corrupción han infectado todo el sistema judicial, habría que crear un mecanismo sumamente estricto y eficiente para escoger a los primeros magistrados vitalicios. Tienen que ser personas de reconocida conducta ético-moral, que no sean miembros de ningún partido ni estén ligados en ninguna manera a alguno de los principales líderes políticos nacionales, que hayan mostrado capacidad y eficiencia en el ejercicio de su carrera de abogados. El único compromiso de un magistrado vitalicio del supremo tribunal debe ser la capacidad intelectual y la justa e imparcial aplicación de la ley.
Lo anterior demanda que el proceso de propuesta y elección de los magistrados sea cuidadosamente reglamentado. La propuesta de magistrados vitalicios debe venir de la sociedad civil, de las facultades de derecho de las universidades y de las asociaciones de abogados. La lista de candidatos se debe presentar ante la Asamblea Nacional para que los diputados voten a favor o en contra de cada uno de los propuestos. La aprobación debe ser por mayoría calificada de tres cuartos de votos del total de los miembros del Poder Legislativo. Ahora hay 92 diputados, incluyendo el candidato presidencial que en las pasadas elecciones quedó en segundo lugar y el ex Presidente en el período 2002-2007. Así que tres cuartos serían 69 votos.
Por otra parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia debe ser elegido por la Corte Plena con dos tercios de votos del total de sus miembros. Desde luego que se deben establecer causales de destitución ya sea por violar las condiciones que les calificaron como candidatos viables o por cometer delitos reñidos con el cargo.
En todo caso, un Poder Judicial integrado por personas idóneas, es decir, probas, capaces, imparciales e independientes, es esencial para la efectiva administración de justicia y para garantizar la seguridad jurídica que demanda la inversión y la competitividad económica, y el bienestar general de la sociedad.
