La idea de un gobierno basado en consejos populares, como lo propone el presidente sandinista Daniel Ortega en el proyecto de reformas a la Ley 290 (Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, y en su Reglamento), no es nuevo ni original.
Los consejos, como forma de organización popular y posteriormente de “gobierno”, surgieron en la antigua Rusia de manera espontánea, pero rápidamente fueron controlados por los partidos marxistas, durante la primera revolución rusa, en 1905. Los consejos (llamados soviets en el idioma ruso) organizaban y dirigían las huelgas, tomas de empresas, ataques armados y otras acciones revolucionarias, en cada fábrica, empresa, barrio, finca, aldea, cuartel y cualquier otro lugar.
Cuando fue derrotada la revolución de 1905 aquellos consejos o soviets desaparecieron o pasaron a la clandestinidad. Sin embargo, los comunistas bolcheviques los reorganizaron cuando estalló la siguiente revolución rusa, en febrero de 1917, que derrocó a la monarquía zarista y estableció la república democrática. Después, en el mismo año 1917, los consejos o soviets fueron la fuerza motriz de la tercera revolución rusa, es decir, la revolución comunista de octubre de 1917, que tras la consigna de “todo el poder a los soviets” dio el poder al partido comunista de Lenin, Trotzky y Stalin. De esa manera se estableció la “república de los soviets” que puso fin a la efímera república democrática.
Ya en el poder, los comunistas bolcheviques convirtieron a los consejos o soviets en órganos de la dictadura del proletariado, y para tal efecto los crearon hasta en el último rincón de Rusia y sus territorios coloniales. Organizados en una estructura vertical y monolítica, los soviets arrancaban desde la base y llegaban hasta el Soviet Supremo, el órgano superior de gobierno que obedecía incondicionalmente las directrices del Comité Central del Partido Comunista, de su Buró Político y del todopoderoso Secretario General del partido.
Sin duda que los consejos que pretende crear en Nicaragua el nuevo gobierno sandinista, no son o no serían iguales que los consejos o soviets de la extinta Unión Soviética. Pero en algo se tendrán que parecer y en todo caso la ciudadanía tiene que saber en qué consistirán realmente y cuáles serán sus funciones. En realidad, no habría ningún recelo hacia tales consejos, si fuesen concebidos como organismos de consulta para que el gobierno escuche permanentemente a sus partidarios y a los demás ciudadanos nicaragüenses, y para que tome en cuenta sus opiniones y propuestas en la elaboración y ejecución de las políticas gubernamentales. Lo malo sería que los constituyeran como órganos paralelos de poder paraestatal, ajenos al control público y dirigidos verticalmente en función de los intereses partidistas y para promover una nueva aventura revolucionaria en Nicaragua.
Como sea, los diputados de la oposición no deberían aprobar la creación de esos consejos con la urgencia que ha requerido el presidente sandinista Daniel Ortega. Es necesario que se aclaren las motivaciones y atribuciones que tendrán esos organismos. Es muy peligroso para el futuro de la precaria democracia nicaragüense, que se implante e institucionalice una forma de gobernar como, por ejemplo, la que se usó el 10 de enero corriente para aprobar el acuerdo de incorporación de Nicaragua al Alba; es decir, una masa de simpatizantes del gobierno reunida en la plaza para aceptar ciegamente lo que dispongan sus dirigentes; o aprobándolo por medio de consejos que la representen ya que no sería posible congregarlos cada vez que el gobierno necesite la aprobación de algo previamente decidido.
El argumento de que la reforma a la Ley 290 se debe aprobar urgentemente, para no atrasar la aprobación del Presupuesto gubernamental de 2007, no es consistente. El gobierno sandinista está funcionando con el presupuesto proyectado para este año y en todo caso es mucho más importante que los cambios gubernamentales propuestos por el presidente Ortega se consulten y discutan con la mayor amplitud posible.
Ciertamente, los diputados del PLC y la ALN-PC que son mayoría en la Asamblea Nacional,deberían mandar a comisión el proyecto de reforma a la Ley 290. Y si no logran ponerse de acuerdo en algo tan importante como eso, al menos deberían quitarle a dicho proyecto de ley todo el autoritarismo sandinista que contiene.
