La lucha por la justicia

“La iglesia no puede ni debe emprender por cuenta propia la empresa política de realizar la sociedad más justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado. Pero tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia”.

(Benedicto XVI)

La Iglesia —entendiéndose en esta ocasión la jerarquía eclesiástica—, como todos sabemos, debe trabajar a favor de la justicia bajo cualquier sistema de Gobierno independientemente del signo ideológico que éste sustente, pero no puede “casarse” con ningún gobierno o sistema político.

En su lucha por la justicia la Iglesia busca la gloria a Dios, que en esta tierra se identifica enormemente con la realización y elevación del hombre. Por lo mismo, todo cuanto atenta contra la dignidad humana constituye una real ofensa a Dios. De manera que, al defender los derechos del hombre se defienden los derechos de Dios y, viceversa, defendiendo los derechos divinos se custodian y protegen los derechos humanos.

Un alto prelado mejicano señala algunos elementos necesarios para la buena relación entre la Iglesia y el Estado: entendimiento, respeto mutuo y cordialidad mutua. Pero “entendimiento” no significa la renuncia a su misión profética por parte de la Iglesia ni la concesión de ciertos “privilegios” del Gobierno de turno a ésta con la intención de que no cumpla su cometido en relación a la evangelización de la política, de ser voz de los que no tienen voz y conciencia abierta a los gobernantes, celebrando todo lo bueno que se realiza: lo justo, lo noble; como también censurando todo lo malo o injusto, según las exigencias del momento, de cada circunstancia, pues no se trata de oponerse por oponerse a un gobierno determinado, sino de contribuir a la salvación o superación integral del individuo y al bien común del pueblo.

La Iglesia no es “opositora” de ningún Gobierno, sino “iluminadora” de la función pública, pero su luz reclama que los mandatarios esfuerzos de lucidez para poder gobernar con la sabiduría de lo alto.