- El control civil sobre el ámbito militar ha sido una demanda en el proceso de institucionalización democrática del país que se ha venido cumpliendo en gran medida, aunque con algunos baches. El presidente Ortega podría querer tapar esos agujeros autonombrándose Ministro de Defensa. ¿Fortalecería esa posible decisión las relaciones entre el poder civil y el militar? ¿Profundizaría la institucionalidad del sector Defensa?
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El Ministerio de Defensa ha sido considerado por largo tiempo “La Cenicienta” de los ministerios del Gobierno. Fundado en 1997 no ha logrado una total supeditación del Ejército a la autoridad civil. Muchos, incluso, confunden su papel como una entidad adscrita al Ejército de Nicaragua. Sin embargo, su papel legalmente es otro.
Con la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo (Ley 290) se establecieron una serie de atribuciones que son exclusivas del Ministerio de Defensa, pero que desde 1990 hasta la fecha han estado a cargo de los militares sin ningún control del poder civil.
Desde el triunfo del presidente Daniel Ortega se empezaron a barajar nombres sobre el futuro Ministro de Defensa. Desde el aliado de la Convergencia Nacional, Luis Humberto Guzmán, hasta la ex magistrada electoral, Marisol Castillo, esposa del ex director de la Seguridad del Estado, Lenín Cerna.
Sin embargo, finalmente fue nombrado la figura de un “administrador”, Juan Umaña Loáisiga. Para muchos expertos, esto constituye el primer indicio de una transformación sustantiva en la naturaleza del Ministerio de Defensa que podría conllevar a su posible desaparición.
Otra posibilidad que se ha mencionado en los últimos días es que Daniel Ortega como Presidente asuma las funciones del Ministerio de Defensa. El pasado 10 de enero el ex director de la Seguridad del Estado, Lenín Cerna, y amigo personal del mandatario, manifestó que Ortega “tiene algo en la cabeza” y que en su momento dará a conocerlo, al ser abordado sobre la posibilidad de una reforma a este sector.
“Él (Ortega) es el que conforma su Gabinete, decide y hace, no tenemos nosotros mayores comentarios sobre eso (…) la verdad es que él tiene sus ideas y hasta el momento no las ha expresado, pero seguramente tiene algo en la cabeza y en su momento lo dará a conocer”, manifestó Cerna en ese momento.
¿Ortega manejando Defensa?
Para Carlos Arroyo Borgen, ex director de Políticas de Defensa del Ministerio de Defensa, si Ortega asume desaparece esta cartera y asume sus funciones, no significaría “mayor cambio” porque en la actualidad está quedando “prácticamente desmontado”.
“Eso (que Ortega asuma el Ministerio de Defensa) significaría algún tipo de coordinación más cercana con el Ejército, en función de la elaboración de las políticas y planes de defensa, que es la competencia primordial del Ministerio de Defensa”, expresó Arroyo.
Por su parte el director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), Javier Meléndez, indicó que pensar en la desaparición de esta institución es “algo bastante delicado”.
Según Meléndez, habría un retroceso porque la creación del Ministerio de Defensa es la expresión de años de reformas además del “consenso entre políticos sobre la necesidad de ir creando instituciones que garanticen menos autonomía de los militares”.
Aunque refirió que desde el IEEPP, no piensan que “la desaparición del Ministerio de Defensa sea la catástrofe en la conducción civil del sector” porque como está actualmente esa institución “es absolutamente irrelevante”.
Además, criticó la gestión del ex ministro Avil Ramírez porque “invisibilizó completamente” al Ministerio de Defensa hasta llegar al punto de que la clase política lo “percibe como una institución sin sentido”.
En este sentido, Arroyo coincide al manifestar que “una hipotética desaparición del Ministerio de Defensa, con el gobierno de Ortega, sería un legado directo de la actual administración ministerial”.
Explicó que la desaparición del Ministerio de Defensa sería el resultado de un desmontaje paulatino.
Se debe fortalecer
En cambio, el ex presidente de la Asamblea Nacional, Luis Humberto Guzmán, expresó que hay que “robustecer” la institucionalidad del Ministerio de Defensa. De esta forma minimizó una posible desaparición del Ministerio de Defensa.
“Creo que de lo que se trata no es de desaparecer al Ministerio de Defensa, sino de fortalecerlo y desarrollar sus capacidades para ejercer efectivamente esa subordinación al poder civil”, manifestó Guzmán.
Lucha por el poder
Cuando se fundó el Ministerio de Defensa y se le otorgaron funciones específicas, a través de la Ley 290, se esperaba un aumento del control civil sobre el poder militar. Sin embargo, desde ese tiempo el Ejército de Nicaragua ha tenido una libertad para muchos un tanto excesiva.
Entre las principales atribuciones que la Ley 290 le asigna al Ministerio de Defensa está la de dirigir la elaboración de políticas y planes referidos a la soberanía, la independencia y la integridad territorial nacional. Asimismo participar y aprobar los planes y acciones del Ejército de Nicaragua.
Además de coordinar la formulación del presupuesto del Ejército de Nicaragua y supervisar la ejecución del mismo. También la de dirigir y coordinar las actividades de inteligencia.
Sin embargo, de facto ha existido una especie de “acuerdo marco” para que los militares mantuvieran su independencia y el Ministerio de Defensa solamente observara de largo. Bajo esa especie de “acuerdo marco”, los militares han actuado más como aliados de ejecutivos políticamente débiles, que como subordinados del poder civil.
Un “pacto” entre militares y civiles
Para Meléndez, el Ejército en toda Centroamérica ha alimentado el mito de que los civiles no tienen conocimiento de esos temas de la defensa y por eso mantienen su autonomía.
Indicó que efectivamente se hizo como un “gran pacto político” o una especie de “trueque” que consistía en “decirles a los militares ustedes salgan de la administración, de la política, regresen a sus cuarteles y nosotros no los vamos a tocar, ni supervisar, ni molestar”.
“Hay en Nicaragua un gran pacto, en donde los políticos se comprometen a no supervisar, a no controlar a las Fuerzas Armadas a cambio de que les aseguren adecuados grados de autonomía para tomar las decisiones que ellos estimen convenientes”, agregó el experto.
El detonante: la Inteligencia
LA PRENSA informó en meses pasados sobre el interés que las autoridades del nuevo gobierno tenían interés en trasladar del Ejército de Nicaragua al Ministerio de Defensa, la Dirección de Información para la Defensa (DID), organización encargada de la inteligencia militar.
De esta manera estarían aplicando lo que establece la Ley 290, que fija las atribuciones de cada ministerio y establece que Defensa es la institución encargada de coordinar las tareas de inteligencia.
En su Artículo 20, literal d; la Ley 290 establece que el Ministerio de Defensa debe “dirigir y coordinar las actividades necesarias para obtener información, analizarla y evaluarla, para defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial. Informar de ello, periódica y oportunamente, al Presidente de la República”.
Al respecto, Meléndez dijo que desde el IEEPP siempre han apoyado que la DID sea manejada por civiles, como lo establece la Ley 290. Solamente señaló que se debe garantizar que los servicios de inteligencia están monitoreando actividades que atentan contra la soberanía del país.
Temor por inteligencia
El ex Ministro de Defensa, Avil Ramírez, manifestó en septiembre del año pasado en el programa Primera Plana de LA PRENSA y Canal 2, que por razones políticas era mejor que la DID permaneciera bajo el mando militar.
“Creo que la Dirección de Información para la Defensa está bien cuidada donde está. ¿Se pueden imaginar ustedes a la DID en manos de (Enrique) Quiñónez o de Lenín Cerna?”, dijo Ramírez en aquella ocasión.
En relación con la DID, Meléndez advirtió que el control militar no permite conocer por completo las acciones de inteligencia que se realizan y que es una reforma necesaria independiente del gobierno de turno.
Además señaló que existen castigos, “el mal uso de los servicios de inteligencia por parte de los civiles”.
“El traslado del servicio de inteligencia al Ministerio de Defensa debe ser acompañado por toda una serie de regulaciones que refuercen la idea que los servicios de inteligencia no deben ser usados para actividades que no tengan que ver con el resguardo de la soberanía e integridad de la nación”, añadió Meléndez.
La Constitución en su Artículo 96 señala que “se prohíbe a los organismos del Ejército y la Policía y a cualquier otra institución del Estado, ejercer actividades de espionaje político”.
Guzmán opinó que los servicios de inteligencia deben estar bajo autoridad civil y no dentro de las Fuerzas Armadas, pues hay que “cumplir la Ley (290)”.
En un estudio denominado “Servicios de Inteligencia en Nicaragua”, elaborado por Guzmán, señala que “los tres últimos presidentes han ignorado cómo funcionan los servicios de inteligencia y no han incidido en la determinación de su agenda ni en la verificación de la calidad de sus servicios”.
“La DID se diferencia de la Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE) no sólo en su tamaño, sino también en la existencia de normas constitucionales que regulan su funcionamiento, pero en el momento actual están al margen de cualquier control civil”, indica el estudio.
Sin embargo, mencionó que no cree que el tema fundamental para Nicaragua en materia de defensa sea el traslado de la DID al Ministerio de Defensa, pues existen problemas “más graves” como la penetración del narcotráfico en el país y la necesidad de proteger los recursos naturales en el país.
Todos los especialistas coinciden en que el papel del Ejército es como una institución que respeta la institucionalidad del país y ha avanzado en su profesionalización desde 1990 hasta la fecha.
