Hoy 9 de enero se cumplen veinte años de la promulgación de la Constitución Política de la República, comúnmente llamada “constitución sandinista”. En realidad, esta Constitución fue dictada para legitimar constitucionalmente al régimen sandinista de 1979-1990, y como un instrumento jurídico y político para construir el socialismo en Nicaragua, lo mismo que en Cuba pero de acuerdo con las particulares condiciones nicaragüenses.
Precisamente por eso es que en el final de la parte preambular de la Constitución, se dice que ésta fue aprobada para “la institucionalización de las conquistas de la Revolución y la construcción de una nueva sociedad que elimine toda clase de explotación y logre la igualdad económica, política y social de los nicaragüenses y el respeto absoluto de los derechos humanos”.
La Constitución de Nicaragua, igual que todos los textos constitucionales del mundo determina la forma de gobierno del país, la organización de los poderes públicos y las atribuciones de los entes y funcionarios del Estado. Pero también, como todas las constituciones de los países comunistas y totalitarios en general, incluye un extenso elenco de derechos políticos y garantías individuales que en la práctica no se cumplen o se violan de manera sistemática.
Por eso fue que después de que los presidentes centroamericanos adoptaron, en agosto de 1987, los Acuerdos de Esquipulas II, en los que Daniel Ortega tuvo que aceptar un plan de reconciliación y democratización para Nicaragua, la oposición cívica presentó la demanda de una reforma constitucional integral, que luego se convirtió en el Programa de Gobierno de la Unión Nacional Opositora (UNO) con el cual ganó las elecciones del 25 de febrero de 1990.
Pero el cambio constitucional que demandó la UNO y respaldó electoralmente la mayoría de los nicaragüenses, sólo se cumplió a medias, pues lo único que se pudo lograr fue una reforma constitucional parcial, en 1995. Y ni siquiera esa reforma parcial se aplicó del todo, pues después que desapareció la UNO el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) pactó con el FSLN para bipartidarizar las instituciones públicas y repartirse de manera compartida el botín del Estado.
Con ese propósito, los diputados del PLC y del FSLN dictaron, en el año 2000, una nueva reforma constitucional que amplió la cantidad de miembros de los poderes estatales, constitucionalizó el reparto del botín estatal entre los dos partidos e impuso una dictadura bicéfala legalizada.
De manera que la Constitución de 1987, que ya desde su promulgación era un amasijo de principios democráticos y objetivos socialistas sandinistas, con la reforma del año 2000 se volvió todavía más enredada. Pero sobre todo, esa reforma fue perniciosa para el pueblo porque su propósito principal era facilitarle a Daniel Ortega la recuperación del poder presidencial, con menos del 40 por ciento de los votos ciudadanos, a cambio de una diputación regalada a Arnoldo Alemán para que cuando dejara la Presidencia de la República pudiera seguir gobernando el país, desde la presidencia de la Asamblea Nacional y reelegirse en las elecciones del 2006. Si embargo, el plan de Alemán fue frustrado por el presidente Enrique Bolaños, quien se negó a ser un títere del caudillo del PLC y más bien lo acusó judicialmente por delitos de corrupción.
En el año 2005 la Constitución sandinista fue empeorada, cuando la alianza FSLN-PLC impuso otra reforma constitucional para reafirmar el pacto bipartidista y crear nuevas entidades estatales que les permitieran sangrar todavía más la hacienda pública. Sin embargo, la resistencia del presidente Bolaños, la oposición cívica de un amplio sector de la población y la intervención política amistosa de la OEA, hicieron que esas reformas fueran congeladas para entrar en vigencia hasta el 20 de enero de 2007, diez días después de que se instale el nuevo gobierno.
En fin, ha sido triste y lamentable la historia de esta Constitución que cumple hoy veinte años con mucha pena y ninguna o muy poca gloria. Pero es importante aprovechar esta ocasión para recordar, por lo menos, que sigue pendiente la tarea fundacional republicana, de aprobar una Constitución que represente realmente el acuerdo social y el consenso nacional, en los que debe fundarse necesariamente un Estado democrático y no en el contubernio de dos pandillas políticas que se han coludido para saquear el tesoro público y oprimir “legalmente” a la población nicaragüense, incluso a sus propios seguidores.
