La Corte de Apelaciones iraquí mantuvo la pena de muerte por ahorcamiento contra Saddam Hussein y estableció que debe ser ejecutado en treinta días. Hussein comenzó a gobernar en Irak en 1979 y fue derrocado por la invasión norteamericana en el 2003. La condena está basada en los graves crímenes que cometió durante su régimen. En 1982, mientras visitaba el pueblo de Dujail, al norte de Bagdad, un grupo de militantes disparó sobre su caravana. En represalia, 140 hombres fueron ejecutados y unos 1,500 más (incluyendo niños) encarcelados y torturados y el pueblo fue destruido. En 1988, llevó a cabo una campaña contra la población kurda al norte de Irak para retomar el control del área. Unos 200 mil soldados atacaron las poblaciones y destrozaron sus aldeas. Los civiles fueron divididos en dos grupos: hombres entre 13 y 70 años, y mujeres, niños y ancianos. Los hombres fueron fusilados y enterrados en fosas comunes. Las mujeres, niños y ancianos fueron reubicados en condiciones deplorables. En 1987, en la campaña de Anfal, el ejército iraquí volvió a atacar poblaciones kurdas, esta vez con armas químicas. Los resultados fueron devastadores. En 1990, tropas iraquíes invadieron Kuwait y quemaron más de 700 pozos petroleros de ese país. Al final de la Guerra del Golfo Pérsico (1991), chiitas en el sur y kurdos en el norte se rebelaron contra el régimen de Hussein y miles de rebeldes fueron ejecutados y sus casas derribadas.
La ley iraquí presenta ambigüedades con respecto a si el Presidente debe o no autorizar las ejecuciones mandadas por las cortes. Si así fuera, Jabal Talaban podría perdonarle la vida a Hussein; sobre todo, porque este presidente iraquí se ha declarado en contra de la pena de muerte. Sin embargo, el juez Aref Shahen dijo al leer la sentencia que “nadie está facultado —ni siquiera el presidente de Irak— para anular o conmutar el veredicto de la Corte”. Por otro lado, grupos de derechos humanos como Human Rights Watch se oponen al veredicto porque dicen que algunos procedimientos en el juicio contra Hussein son cuestionables y el método usado —la horca— es cruel e inhumano. Otros, en cambio, argumentan que Hussein no tuvo misericordia hacia sus miles de víctimas y, por lo tanto, él tampoco debe recibir misericordia.
En Estados Unidos el tema de los métodos utilizados para aplicar la pena de muerte ha vuelto al tapete, especialmente luego de que el gobernador de La Florida, Jeb Bush, suspendiera todas las ejecuciones en ese Estado y nombrara una comisión —conformada por médicos, abogados, científicos y oficiales de Policía— para que investigue si las inyecciones letales violan el derecho humanitario y la Constitución Política. Un juez federal de California dijo que la inyección letal violaba la prohibición constitucional (Octava Enmienda) de no aplicar la crueldad como castigo. Las inyecciones letales, por lo general, contienen tres tipos de químicos: uno que adormece al reo. Otro que lo paraliza y lo incapacita para hablar, moverse o respirar y un tercero que le detiene el corazón. El último químico es cloruro de potasio, el cual, al ser inyectado es extremadamente doloroso. Se asume que el reo bajo ejecución está dormido. Sin embargo, hay dudas acerca de la efectividad de la primera droga, considerando que el estrés y otros factores sicológicos podrían hacer que el condenado no quede totalmente inconsciente y de esta manera sufra un nivel de crueldad inhumano. En este sentido, la horca como método de ejecución es aún más cuestionable. De hecho, los métodos modernos de ejecución como la silla eléctrica, la cámara de gas y la inyección letal resultaron de un acuerdo universal acerca de la crueldad de la horca. En 1981, un trabajador de la construcción condenado a muerte por horca en Kuwait, tardó más de nueve minutos en morir debido a que —según reportaron los médicos— su poco peso no fue suficiente para quebrar su cuello. Así que sufrió una muerte lenta y dolorosa por estrangulación.
Aunque Saddam Hussein debe ser castigado por sus delitos de lesa humanidad, nadie tiene el derecho —ni siquiera el Estado— de matar a una persona, mucho menos, por medios que infligen extrema humillación e innecesario sufrimiento.
