El 2007 trae consigo la discusión de nuevos incentivos fiscales que se agregarán a la enorme lista de los existentes y que continuarán disminuyendo los ya limitados ingresos tributarios.
En Costa Rica los cambios que se plantean a la Ley 7210 (Ley de Régimen de Zonas Francas) buscan fortalecer la modalidad de “incentivos por resultados”, es decir que las empresas incluidas dentro de los sectores de actividad económica considerados como prioritarios tendrán incentivos diferenciados dependiendo del monto a invertir, del número de empleos a generar y de la zona en la que se instalará (de mayor o menor desarrollo).
En Guatemala la iniciativa contempla la sustitución del Decreto 65-89 (Ley de Zonas Francas), estableciendo una más amplia definición de lo que serán estas zonas y un conjunto de nuevos incentivos fiscales, los cuales no estarán ligados al cumplimiento de obligaciones.
En Nicaragua la iniciativa de la Ley Especial de Creación de Bonos para la Inversión Turística —Ley BIT—, que el pasado 1 de diciembre contó con el dictamen favorable de la Comisión de Turismo de la Asamblea Nacional, pretende otorgar a empresas privadas propietarias de proyectos turísticos la oportunidad de financiarse a través de la emisión de bonos cuya fuente de pago, hasta por un máximo de veinte años, serán los flujos futuros de los Impuestos sobre la Renta (IR) y al Valor Agregado (IVA). Esta iniciativa contraviene el principio constitucional que establece que la recaudación y administración de los tributos es potestad exclusiva del Estado, pues éstos son de naturaleza pública y de ineludible destino social y no particular.
Los ciudadanos de estos países deben exigir la difusión pública de los informes técnicos que les permita conocer el impacto económico, social y fiscal de estos proyectos de ley, para evaluar si los resultados de otorgar estos incentivos son más beneficiosos que la utilización de los impuestos para mejorar la competitividad del país a través de más y mejor educación, salud, seguridad, justicia e infraestructura.
