Se van 2006 y un gobierno que trató de adjudicarse varios éxitos económicos y aún busca otros para demostrar que ha sido eficiente en su administración.
Las cifras oficiales insisten en un crecimiento económico de 3.7 por ciento para 2006, que fue establecido en septiembre del 2005 para elaborar el presupuesto nacional de este año, no obstante el país ha sido afectado por el fenómeno de El Niño que redujo la cosecha de primera en el actual ciclo agrícola, la inversión pública cayó estrepitosamente, la inversión privada se contuvo por las elecciones nacionales y los cortes de energía han impactado los costos de producción y ocasionado grandes pérdidas en la actividad comercial.
Un alto cargo del Banco Central de Nicaragua me afirmó que el crecimiento económico de este año es aceptable si se tiene en cuenta el desempeño reciente del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), pero el alto cargo aparentemente ignoró que el Producto Interno Bruto (PIB) no es el IMAE y que este último indicador tiene una cobertura de 78 por ciento sobre el PIB.
“Aceptando” a regañadientes dicho crecimiento y la reducción de 632,000 habitantes con los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2005, el ingreso per cápita promedio anual de los nicaragüenses en 2006 se elevaría hasta US$1,027, por lo cual el gobierno saliente podría afirmar que ha sacado a Nicaragua de ese extraño club de países pobres muy endeudados.
Sin embargo, la pobreza también ha crecido en los cinco años de gobierno del ingeniero Enrique Bolaños a pesar del cuantioso Alivio “HIPC” recibido por Nicaragua que ha sido desviado “lícitamente” por este gobierno con el contubernio del FMI para cumplir con las obligaciones abultadas de una ilícita deuda pública interna.
Las autoridades del gobierno saliente han ocultado a los nicaragüenses la tendencia creciente de la economía informal y que casi la mitad de la población total del país tiene dificultades para comer porque el 27 por ciento de la población total del país está desnutrida, que el campesino ansía tener tierra para asegurar su autoconsumo y que el obrero desea tener trabajo.
El desempleo es el mayor problema político de Nicaragua, pero los servidores públicos afirman que prácticamente no existe el desempleo abierto en nuestro país.
Las autoridades tratan de esconder “debajo de la mesa que deja servida el gobierno saliente” a un sistema de salud inhóspito que sólo entrega recetas a los pacientes, la alta tasa de mortalidad materna cercana a 90 por cada 100,000 nacidos vivos registrados, al 20 por ciento de los niños y niñas que no pueden matricularse en la educación primaria y al 58 por ciento de los adolescentes que no pueden asistir a la educación secundaria, al 23 por ciento de la población de 15 años y más de edad que no sabe leer ni escribir, el déficit cuantitativo y cualitativo (necesidad de reparación) de 800,000 viviendas, al 50 por ciento de la población rural y al 22 por ciento de la población urbana que no tienen acceso al agua segura, y la aceleración de la epidemia del VIH/Sida que según los expertos ya oscila alrededor del 2 por ciento de la población total.
Pero reconoce públicamente que el 30 por ciento de los impuestos que recibe el Gobierno Central se destina al pago de una deuda gubernamental externa ya reducida por los Alivios HIPC y MDRI y al pago de una creciente deuda gubernamental interna, en la cual se destacan las obligaciones por confiscaciones en la década de los ochenta y las quiebras bancarias a finales de la década de los noventa.
Todo lo anterior es una consecuencia notable del estancamiento de la estabilización macroeconómica del país. La producción ha crecido en forma insuficiente para reducir la pobreza humana, y el escaso crecimiento económico se ha concentrado principalmente entre los empresarios financieros —gracias a la deuda de los consumidores, las altas tasas de interés de los bonos públicos y la dispensa estatal en el pago de impuestos—, los intermediarios de las exportaciones —privilegiados por estímulos tributarios— y los intermediarios de las importaciones —gracias a la apreciación del córdoba—.
La encuesta de medición de nivel de vida de 1998 señaló que el 20 por ciento de las familias con mayores ingresos se apoderaban del 68 por ciento del ingreso nacional y este último porcentaje es, sin duda, mayor en la actualidad.
BEn este año, la tasa de inflación nacional de 8.5 por ciento y la tasa de devaluación nominal del córdoba de 5 por ciento, ambas de un dígito, forman el estribillo de nuestros servidores públicos para demostrar que han sido eficientes en la administración de la política fondomonetarista, pero engañan a la población cuando han afirmado, en cada uno de estos últimos cinco años, que han reducido la pobreza humana de nuestro país.
CONDONACIONES Y RESERVAS
Y en 2006 el gobierno fundamenta la oficialización del estancamiento de la estabilidad macroeconómica en un saldo de reservas internacionales que se incrementó desde US$730 millones en diciembre del 2005 a casi US$920 millones en la actualidad, pero no dice a la población cómo se logró el aumento de US$190 millones. Ese aumento fue posible con una nueva deuda externa de US$122 millones facilitados por el FMI, BM y BID, y con donaciones de US$67 millones entregados por el Grupo de Apoyo Presupuestario al Presupuesto Nacional. Pero de esos US$920 millones, US$63 millones son del FMI y son intocables para el gobierno porque se asignan exclusivamente a “fortalecer” la posición de las reservas internacionales, y US$306 millones son del público no bancario que deposita sus dólares en la banca comercial y que arriban a la banca central en concepto de encaje legal sobre dichos depósitos.
Así, sólo US$485 millones corresponden a las reservas propias de la banca central, denominadas reservas internacionales netas ajustadas, que han reflejado un incremento de US$204 millones, explicado únicamente por la condonación de US$202 millones que adeudábamos al FMI el 23 de enero de este año, gracias a la Iniciativa MDRI, que impulsó el Secretario del Tesoro británico, señor Gordon Brown, preocupado por la deuda multilateral y la pobreza de los países africanos.
EL DÉFICIT FISCAL
Y continúan afirmando los servidores públicos que entregarán unas finanzas públicas sanas al gobierno entrante el 10 de enero del 2007. En 2006 el déficit fiscal, antes del registro de las donaciones externas con la jerga del policía financiero internacional, es igual a 6 por ciento del PIB, del cual un 1 por ciento corresponde al gasto electoral.
Este desequilibrio fiscal es grande y no ha podido ser menor del 5 por ciento del PIB en todos los años de la actual administración pública. Mas lo servidores públicos no informan a nuestra nación que durante el período 2002-2006 desviaron el 56 por ciento de US$848 millones otorgados por los países miembros del Club de París y las instituciones financieras internacionales, tales como el FMI, BM, BID y BCIE, en concepto de Alivio HIPC; en otras palabras, los servidores públicos en vez de haber asignado US$848 millones exclusivamente a proyectos de reducción de la pobreza en forma adicional al gasto social que ya efectuaba el gobierno, desviaron US$474 millones al pago de una creciente carga de deuda pública interna.
La fragilidad macroeconómica continúa imperando en Nicaragua, ya que es sostenida con endeudamientos externo e interno, mejor dicho por la caridad internacional y por la voracidad de los inversionistas financieros en el mercado local. El gasto social del Presupuesto Nacional ha sido relegado a un segundo plano y la pobreza humana se ha extendido y profundizado.
La inequitativa distribución del ingreso y de la carga tributaria no puede seguir tolerándose, por lo cual se requieren políticas públicas que redistribuyan el ingreso, que se implemente un crecimiento económico pro pobre y que se aplique una reforma tributaria que se base en el apropiado pago de los impuestos, o sea que los que tienen más paguen más impuestos, los que tienen menos paguen menos impuestos, y los que tienen lo mismo paguen los mismos impuestos. Los pobres no pueden seguir esperando.
