- El 2006 fue un “buen” año para los funcionarios públicos acusados de corrupción en el Estado. Los grandes juicios incoados desde el 2002, sin excepción, están estancados en el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) o en los tribunales de primera instancia. En este año no hubo una sola resolución judicial que favoreciera las pretensiones del Estado, representado por la Procuraduría General de la República, en busca de justicia
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Las escandalosas aprehensiones de funcionarios, allanamientos y juicios que parecían masivos en el 2002, hoy son sólo expedientes telarañosos y amarillentos que envejecen en los tribunales.
Están guardados al menos desde hace tres años en las distintas instancias del Poder Judicial, en espera de sentencias.
El 2006 fue un año récord para los juicios de corrupción. No hubo ni un solo avance significativo para el Estado, a juzgar por el número de sentencias que quedaron pendientes de ser dictadas.
En el Tribunal de Apelaciones están “guardados” siete expedientes judiciales, los de mayor trascendencia y que dejaron fuertes pérdidas económicas al erario: la quiebra del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic), el fraude a la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel), la quiebra del estatal Canal 6, las irregularidades en el Banco de la Vivienda Nicaragüense (Bavinic), los cuadraciclos del ex director de Ingresos, Byron Jerez Solís; la huaca, y la apelación del beneficio de convivencia familiar otorgado al ex presidente Arnoldo Alemán por ser un reo “valetudinario”.
Otro de los casos que está en stand by es la sentencia condenatoria de veinte años de prisión por lavado de dinero que no ha sido “tocada” por los magistrados de la Sala Penal Uno del TAM, desde el 2003, cuando fue condenado.
EL ESTANCAMIENTO EN LA CSJ
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) alberga otros cuatro casos que esperan sean resueltos tanto en la Sala Penal como la Constitucional. Estos son conocidos como “los checazos”, “Multicambios”, “la huaca” y “Modultecsa”.
Los magistrados penales y constitucionales no sólo están pendientes de resolver los recursos de casación, sino también otros recursos de amparo, tal como el que les evitó la apertura de un juicio por fraude a Juan José Sánchez Barquero, Jaime Bonilla López, Julio César Pérez Rocha y Karen Molina Valle por el caso “Modultecsa”.
Este caso dejó pérdidas que superan los cuatro millones de córdobas al Estado. Todos los involucrados se ampararon contra una resolución de la Contraloría General de la República (CGR) en mayo del 2003.
La Sala Constitucional, sin embargo, no incluyó en ese recurso de amparo a Byron Jerez y a él sí se le abrió un juicio.
En los Juzgados están varados otros cuatro expedientes que esperan sentencia. Y otras cinco investigaciones se están tramitando a lo interno de la PGR sobre hechos supuestamente ilícitos que ocurrieron tanto en el gobierno del ex presidente Arnoldo Alemán como en el del actual mandatario, Enrique Bolaños.
la convivenciafamiliar de alemán
La Sala Constitucional tiene en sus manos otro grueso expediente que se formó en relación a la salud de Alemán. El ex mandatario se encuentra gozando del régimen de convivencia familiar gracias a una sentencia dictada en el Juzgado Primero de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria, cuya titular es la juez Roxana Zapata.
La Procuraduría se opuso a esta sentencia mediante un recurso de apelación. El caso despertó demasiadas críticas y el expediente pasó a manos de la Sala Constitucional de la CSJ que hasta hoy no se ha pronunciado al respecto.
LA RETARDACIÓN DE JUSTICIA PASO A PASO
En el caso del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic) se causaron pérdidas cuantificadas en 6.3 millones de dólares en decenas de préstamos que fueron entregados a sus beneficiarios, en su mayoría empresas fantasmas, sin haberse otorgado las correspondientes garantías bancarias.
La Procuraduría interpuso denuncia del caso en el 2002. Los acusados son: Donald Spencer, Byron Jerez, Ruth Obando, Ronald Martínez Sevilla, Francisco Cortés Torres y Dolores del Socorro Ojeda Baca.
El expediente estuvo “durmiendo” en el juzgado hasta que el 18 de marzo de 2005 el juez Noveno de Distrito de lo Penal de Managua, Edgar Altamirano, sobreseyó a casi todos los acusados, excepto a Donald Spencer por ser diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), quien no enfrentó el juicio bajo el argumento de que la Contraloría General de la República (CGR) no remitió el debido informe de auditoría, lo que según explicó en su sentencia no le permitió encontrar el “cuerpo del delito”.
La decisión del juez Altamirano fue apelada por la PGR ante el Tribunal de Apelaciones de Managua. El pasado 12 de septiembre de 2006 los magistrados llamaron a las partes que intervienen en el caso para exponer sus criterios jurídicos del porqué cada una de ellas considera que debe mantenerse o revertirse la sentencia del juez Altamirano. El pasado 6 de diciembre las partes fueron notificadas de que pronto se emitirá la sentencia.
El Canal 6. Este caso, en donde el Estado alega haber perdido 1.3 millones de dólares, por una fraudulenta operación financiera, está vivo. En teoría, Esteban Duque Estrada Sacasa, el ex Ministro de Hacienda y Crédito Público de la era Alemán, y que reside en Panamá, debería enfrentar un jurado de conciencia, al estilo del antiguo Código de Instrucción Criminal, que requería la lectura de los 37,448 folios que contienen los 92 tomos del caso.
Sin embargo, Duque Estrada, quien ha sido operado en dos ocasiones en el país canalero, ha preferido mantenerse en calidad de prófugo y no enfrentar la justicia.
En primera instancia, el caso desembocó en autos de prisión para nueve ex funcionarios del gobierno de Arnoldo Alemán, y dejó también causa abierta para el propio ex Presidente de la República y dos de sus más cercanos colaboradores, protegidos por la inmunidad parlamentaria.
La Procuraduría pidió que se reconsiderara la sentencia en el caso de algunos de los sentenciados a prisión como Ausberto Narváez, ex presidente del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur); Mario Medrano, ex Director Ejecutivo de la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI).
Por su parte la Fiscalía solicitó ante el juez Primero de Distrito del Crimen, David Rojas, declarar nulo todo lo actuado en el juicio por el fraude a la televisora estatal Canal 6, por el que es acusado el ex presidente Arnoldo Alemán.
La fiscal María del Carmen Solórzano firmó un escrito pidiendo la nulidad, en el período procesal denominado segundas vistas, una de las últimas fases para que el caso sea resuelto por un tribunal de jurado.
Los argumentos de la fiscal se basaron en que las conclusiones del informe de auditoría de la firma Artiles, en el cual se sustentaba la sentencia de prisión contra Alemán, no lo inmiscuyen.
También relacionaron una resolución de la Contraloría General de la República (CGR) que no determinó presunción de responsabilidad penal para Alemán.
Finalmente el caso fue declarado nulo por el Tribunal de Apelaciones y Alemán fue absuelto por decisión unánime de los magistrados de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), de tendencia sandinista, quienes emitieron una sentencia en la que dijeron que no había pruebas.
La decisión de los magistrados fue apelada por la Procuraduría y el caso aún no ha subido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) , según indica un informe de la Procuraduría Penal.
Checazo Petronic
El juez Noveno de Distrito de Managua, Edgar Altamirano, tiene en su poder un viejo caso de los checazos de Byron Jerez, y desde el 2002 no ha emitido sentencia interlocutoria sobre el mismo, según indica el informe de la Procuraduría al que aquí hacemos referencia.
“Se está a la espera de sentencia interlocutoria de parte del juez Edgar Altamirano, quien no se ha pronunciado pese a que se han introducido 20 escritos y el conclusivo. En este caso, no existen escritos del Ministerio Público, tampoco han introducido el conclusivo”, precisa el documento.
Este caso se trata de un cheque por 2.17 millones de córdobas que fue emitido por la Empresa Nicaragüense del Petróleo (Petronic) a solicitud de la dirección General de Ingresos (DGI), que dirigía Byron Jerez, en forma de nota de crédito, el 4 de agosto de 1998, a favor de Iniser y/o Juan Munguía, un trabajador de la Dirección General de Ingresos.
El cheque no llegó a su destino, fue cambiado en la casa de cambios Multicambios y luego fue transferido a un banco en Panamá, a una de las cuentas que manejaba Jerez en aquel país.
Lo que hicieron con los 2.17 millones de córdobas fue comprar 200 mil dólares en Multicambios y transferirlos una cuenta en el Dresdner Bank Latinoamérica de Panamá.
Esa cuenta, aparentemente, pertenecía a Jerez. Más tarde el dinero fue transferido mediante un giro a la cuenta número 102-10000181 en el Bank of Barclay St. New York, con el número de referencia 19675040.
El caso fue investigado por la Contraloría luego de que LA PRENSA lo revelara en el 2002 y emitió una resolución determinando presunción de responsabilidad penal contra Jerez.
Los checazos de 1998
El caso de los checazos de 1998, conocidos popularmente como “los checazos” que alimentaron cuentas de Jerez en Panamá, específicamente de la sociedad, Asesores Financieros S.A. (Asefinsa) , en el que un jurado de con ciencia encontró culpable a Jerez, la juez Rafaela Urroz lo condenó a ocho años de prisión por fraude al Estado, fue declarado nulo por el Tribunal de Apelaciones de Managua por “carecer de pruebas”.
La Procuraduría recurrió contra la resolución de los magistrados de Apelaciones y está pendiente de una sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que resuelva el recurso de casación.
“En este caso los magistrados se extralimitaron en sus funciones, ellos tenían que resolver una apelación que introdujo Byron Jerez en busca de la rebaja de pena, pero ellos se fueron a ver asuntos relacionados a supuestas nulidades y es así que lo libraron de los ocho años a que había sido condenado”, explicó el Procurador Penal, Iván Lara.
En este juicio, según los expedientes, se estima que las pérdidas económicas al Estado fueron de 6.8 millones de córdobas, mediante la emisión irregular de 65 cheques en 1998, mientras fue director general de Ingresos (DGI), para pagar a empresas y personas particulares, bienes y servicios que no ingresaron ni recibió esa entidad.
La Contraloría General de la República determinó mediante una auditoría que los famosos “checazos” de 1998 eran para Byron Jerez.
