- En enero se dilucidará el misterio de la Sisep. Negociaciones políticas de fin de año determinarán si esta institución, que claramente nació con la intención de restarle poder al presidente Enrique Bolaños, sobrevivirá el cambio de gobierno. Millones de dólares en inversiones pasarían a ser reguladas por la Sisep, la que no dejó una buena impresión durante su primera etapa de existencia en el 2005
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Cuando el presidente electo Daniel Ortega declaró tener la disposición para que las reformas constitucionales se mantengan vigentes después del 20 de enero de 2006, los operadores de los distintos servicios básicos del país fueron sacudidos ante la posibilidad de lidiar con una realidad que políticamente creían enterrada: la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep).
Creada a finales de mayo del 2005, durante la etapa más ácida del fastidioso conflicto político sostenido entre la Asamblea Nacional y el presidente Enrique Bolaños, la Sisep fue vista como un instrumento temporal para restarle fuerza al Poder Ejecutivo en el manejo de los servicios básicos.
Todas las señales políticas indicaban que esta institución desaparecería con el surgimiento de la nueva realidad política que tendría el país a raíz de los resultados de las elecciones del pasado 5 de noviembre. Quien quiera que resultara ganador de los comicios, no iba a permitir el surgimiento de una institución que a todas luces estaría controlada por la Asamblea Nacional.
Esta percepción cambió con las postura pública del presidente electo, pero indagaciones de LA PRENSA demuestran que el tema de la Sisep no está entre las decisiones ya tomadas por Ortega, pero definitivamente va a ser colocado en la mesa de negociaciones, principalmente de la mano del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
NO S E HA DISCUTIDO
José Manuel Figueroa, diputado sandinista y Tercer Secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, aseguró que el tema no ha sido abordado en las negociaciones políticas que sostiene con las viejas fuerzas parlamentarias, los liberales constitucionalistas, como con la nueva bancada de Alianza Liberal Nicaragüense.
“Todavía no se ha tocado el asunto de la Sisep. Lo tenemos pendiente de discutir, pero aún no se ha puesto el tema en la mesa de negociaciones. Es parte de los puntos que se van a discutir con las bancadas que asuman a partir del próximo 9 de enero en la Asamblea Nacional”, insistió Figueroa.
El diputado electo por el partido sandinista, Agustín Jarquín Anaya, coincidió con Figueroa en que no se ha discutido a profundidad el tema con las restantes fuerzas políticas, pero comentó que uno de los puntos que tendría que ser analizado cuidadosamente con las restantes fuerzas políticas, en escenario que conlleve un resurgimiento de la Sisep, es el relacionado con los funcionarios nombrados para las distintas intendencias que conforman esta institución.
EN MANOS DE LANUEVA ASAMBLEA
“Los nominados para la intendencia ¿en qué rol quedarían?, pues yo creería que en principio se deberían de mantener firmes, pero eso requiere un análisis más a fondo, sobre todo el criterio del presidente electo Daniel Ortega y de las otras bancadas parlamentarias, porque esto definitivamente queda en la Asamblea y eso, en efecto, es parte de las negociaciones que le corresponderán a la próxima Asamblea que asuma en enero”, indicó el parlamentario.
PREOCUPAN NOMBRAMIENTOS
Lo que el diputado Jarquín Anaya ha dejado entrever es el principal punto que preocupa a los distintos operadores de los servicios públicos.
Estos formalmente no han querido expresar ninguna opinión pública sobre cómo observan un posible resurgimiento de la Sisep, aduciendo que son respetuosos del marco legal y político vigente en el país.
Pero, extraoficialmente, la verdadera preocupación de los operadores no radica en que exista o no una Sisep, sino en quiénes estarían a cargo de esta.
El diputado liberal Víctor Guerrero como Superintendente, el también liberal Leonel Aguirre al frente de la Intendencia de Energía, el sandinista Freddy Carrión en la Intendencia de Telecomunicaciones, la también sandinista Sandra Moreno en la Intendencia de Agua y el ex fiscal del Frente Sandinista en las elecciones pasadas, Juan José Úbeda al frente de la Intendencia de los Consumidores.
Estas serían las autoridades electas para ocupar sus cargos al frente de la Sisep, a partir del 20 de enero del año próximo, de acuerdo a lo establecido en la Ley Marco.
A excepción de Úbeda, todos recibieron algún tipo de cuestionamiento sobre su manejo en los cargos, pero los más sonados fueron los referidos a Víctor Guerrero y Freddy Carrión (Ver side bar).
En círculos políticos se menciona que cualquier posibilidad de mantener a la Sisep va a pasar, siempre y cuando se den algunos cambios en las distintas instancias regulatorias de cada servicio básico, para tranquilizar a los operadores.
DECISIÓN DE BANCADAS
Sin embargo, esto tendría que pasar por el muro de contención político que representan las dos bancadas liberales, las que pese a sus motivos antagónicos, no estarían dispuestos a remover a los nombrados.
Los liberales constitucionalistas apoyan las reformas constitucionales, la reactivación de la Sisep y, por consiguiente, el mantenimiento de los nombrados.
La ALN, por su parte, está totalmente en contra de las reformas constitucionales y exigen, si no una completa anulación, el congelamiento de su implementación hasta que exista un consenso entre todas las bancadas.
“La Sisep se dio en el marco de un pacto, de unas reformas constitucionales que buscan una alternabilidad de poderes en beneficio de unos pocos, no de toda la nación. Hay muchos diputados que queremos una ampliación de la Ley Marco, para hacer una revisión de lo que se pondría mejorar o cambiar de las reformas constitucionales, entre las que, claro, se incluye la Sisep”, comentó la diputada electa por el ALN, María Eugenia Sequeira.
La parlamentaria reveló que la postura de la bancada con respecto a la Sisep es un asunto más de coherencia con sus posiciones políticas, que una inconformidad con respecto a los nombrados en los distintos cargos.
“Somos consecuentes con nuestras posiciones, independientemente de que el presidente sea ahora Daniel Ortega y que pudiéramos controlarlo con el nombramiento de sus funcionarios, pero no es correcto. La Sisep, por ejemplo, desde el nombramiento del Superintendente bajo el marco de negociación de un pacto y de un interés particular, desde allí hay problema”, insistió Sequeira.
El diputado liberal Wilfredo Navarro, quien también fue reelecto en su curul parlamentario, fue enfático en afirmar que la postura del PLC es que los nombramientos se mantengan, pero esto para evitar que el tema de la Sisep caiga en una nueva madeja de negociaciones políticas.
La destitución de los nombrados y la escogencia de nuevos intendentes tendría que ser aprobado con una mayoría absoluta de 56 votos, una cantidad que forzosamente llevaría la búsqueda de acuerdos políticos.
“Lo más lógico es que si ya se hicieron los nombramientos, se mantengan para bien de la estabilidad del proceso democrático iniciado con las reformas constitucionales”, señaló Navarro.
Para Navarro, el hecho de que Daniel Ortega le haya dado un visto bueno a las reformas, es la mejor razón para mantenerlas, así como los funcionarios ya electos.
El parlamentario no perdió la oportunidad de cuestionar la actitud del ALN por su postura en contra de las reformas, aduciendo que lo que busca esta nueva organización política es ganar atención pública.
“La ALN es un don me opongo. Antes estaban a favor de las reformas y la Sisep. Ahora, como ya están aceptadas, vienen con una posición para llamar la atención. El único que tiene vela en este entierro es el gobierno electo, y el gobierno electo ya las aceptó”, afirmó Navarro.
GUERRERO, MANDADO A CALLAR POR EL PLC
El caso del Superintendente electo es como esas historias tristes que rayan en lo cursi. Buscando obtener su opinión sobre esta situación de la Sisep, nos dimos cuenta que Víctor Guerrero, titular nombrado de esta institución, fue mandado a callar por el PLC.
“No, papito, no te puedo hablar de ese tema en estos momentos. El partido (Liberal) me orientó que no diera declaraciones sobre la Sisep”, confesó Guerrero.
Aunque el actual diputado no quiso revelar las razones de esta orientación partidaria, fuentes vinculadas al PLC comentaron que el problema de Guerrero es que habló de más.
Durante una entrevista con un canal de televisión, en la que fue abordado para conocer sus planes al asumir nuevamente su cargo al frente de la Sisep, Guerrero dijo que una de las primeras cosas que haría es reducir el personal de Telcor (donde quedaría ubicada la sede central de esta institución), porque su esposa le había asegurado que existían supernumerario en la institución.
Otro desliz que causó el silencio de Guerrero es que exigió que se le pagara el salario de todos los meses en los que no ha ejercido su función al frente de la Sisep, a pesar de que seguía ganando su salario como diputado.
Estos caprichos del Superintendente electo provocaron una inmediata crítica de los sandinistas, por lo que los liberales, para evitar que esto se convirtiera en un obstáculo en las negociaciones, lo mandaron a callar.
Guerrero es uno de los personajes más cuestionados del aparato que conforma la Sisep, pero su lealtad al líder del PLC, el ex presidente y reo Arnoldo Alemán, le puede brindar el respaldo político necesario para conservar el cargo, que de acuerdo a la Ley Creadora de la Sisep, es por un período de cinco años.
Será en los primeros días del 2007 que se sabrá a ciencia cierta si el país tendrá un nuevo ente regulador de los servicios básicos.
