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Mucho se ha dicho acerca del empleo de leyes contra el robo de identidad para detener a inmigrantes ilegales en las redadas de la semana pasada en seis plantas de procesamiento de carne de la empresa Swift & Company. Para algunos ya era hora de que se aplicara todo el peso de las leyes estadounidenses contra ciertas viejas prácticas entre inmigrantes. Para otros fue un siniestro e inoportuno ataque contra violaciones migratorias normalmente consideradas delitos menores.
Pero desde mi punto de vista es lamentable en todo sentido. Personas con la intención de conseguir trabajo usaron información robada, incluidos números de seguro social. Funcionarios estadounidenses con la intención de hacer su trabajo usaron una ley destinada a combatir un crimen mucho más serio como justificación para la ofensiva. Ambas partes son culpables de erosionar el Estado de Derecho —un recuerdo de casa que muchos inmigrantes latinos preferiríamos olvidar.
Imprevisibilidad, ineficiencia, corrupción, abuso o impunidad —son todos atributos del caos que reina en países que la mayoría de inmigrantes dejan atrás—. En América Latina un Estado de Derecho débil desanima la inversión, genera inestabilidad e interrumpe la actividad económica, manteniendo a la región firmemente estancada en el mundo “en desarrollo”.
Un sistema judicial que parece arbitrario, cuando no abusivo, erosiona la confianza de la gente. Una suspicacia generalizada contra las leyes y los legisladores, alimenta una curiosa irreverencia y resulta en una justicia escasamente impartida. La mayoría de la gente hace lo que puede para sobrevivir en ese fallido sistema. Unos se aprovechan. Y otros lo dejan todo atrás y se vienen al norte.
En ese momento una cultura que cree en las leyes y otra que sospecha de ellas, de repente se encuentran cara a cara. Quienes residen en alguna de las muchas comunidades estadounidenses con un creciente flujo de inmigrantes, tal vez han visto este choque de culturas a escasos pasos de su casa.
Tal vez se hayan topado ya con el contratista inmigrante que remodela una casa vecina sin todos los permisos necesarios, o con latinos que viajan a sus lugares de trabajo en la parte trasera de una camioneta pick-up sin protección alguna. Tal vez también hayan oído acerca de quienes usan el número de seguro social de otra persona para conseguir empleo.
En sus países de origen, dichas acciones tendrían escasas consecuencias. Pero acá, tarde o temprano, el contratista se encontrará con una notificación oficial de detener la construcción hasta hacer los trámites requeridos. El conductor de la camioneta será multado. Y tal como ocurrió la semana pasada, trabajadores detenidos en Colorado, Iowa, Minnesota, Nebraska, Texas y Utah, serán acusados de robo de identidad —un delito grave que podría llevarlos a la cárcel.
“No están conscientes de que están robando la identidad de nadie”, dijo el cónsul de Guatemala en Texas, José Barillas, quien ha estado hablando con muchos de los detenidos, sus familiares y sus compañeros de trabajo. “Lo único que hicieron fue tomar prestado un número de seguro social para poder trabajar”. Su problema es que bajo la ley estadounidense la ignorancia no es excusa para quebrar la ley y tampoco existe la opción de “tomar prestada” la identidad de otra persona.
La semana pasada sólo 65 de los 1,282 detenidos enfrentaban cargos criminales, incluyendo robo de identidad. Para comienzos de esta semana el número había llegado a 144 y funcionarios estadounidenses insisten en que a medida que avance la investigación, esa cantidad podría aumentar. “Estos no fueron crímenes sin víctimas”, dijo el secretario de Seguridad Interna, Michael Chertoff la semana pasada, que agregó que son cientos los ciudadanos estadounidenses y residentes legales los que han sufrido las consecuencias de esta práctica.
Sin ánimo de excusar a quienes cometieron fraude para obtener empleo, es importante aclarar que Estados Unidos —su gobierno, sus empresas e incluso sus leyes— invita a este tipo de violaciones. En una columna en el Washington Post, Tamar Jacoby, experta en inmigración del Manhattan Institute, ha destacado que “cada año la economía en su conjunto crea cerca de 500,000 empleos no cualificados, que estadounidenses no quieren hacer, pero emitimos sólo 5,000 visas en todo el año para que inmigrantes puedan hacerlos”.
Si el crecimiento de la población continúa al nivel de hoy, 40 por ciento de los próximos 100 millones de personas en este país vendrán del exterior. Tal como hoy, vendrán a hacer trabajos que la fuerza laboral estadounidense está dejando vacante y que deberán llenarse si la economía estadounidense ha de continuar creciendo al ritmo de hoy.
Que muchos de esos empleos sigan quedando en manos de inmigrantes que trabajan acá ilegalmente dependerá de lo que haga el Congreso el año entrante. Una reforma apropiada podría recompensar a los inmigrantes que respeten la ley. La falta de una reforma, por el contrario, prolongará un sistema que se aprovecha y beneficia de la mano de obra inmigrante pero busca castigar a los inmigrantes que se atreven a llenar esas vacantes.
Ese es el tipo de arbitrariedad que los inmigrantes conocen bien, pero también es el tipo de arbitrariedad indigno de un país con un sólido Estado de Derecho.
