- El Ejército colombiano les daba armas a esos grupos irregulares, afirma el ex jefe Salvatore Mancuso
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El ex jefe paramilitar colombiano Salvatore Mancuso compareció este miércoles por segundo día consecutivo ante la Fiscalía, dentro de un proceso de sometimiento a la justicia en el que se espera responda por cientos de crímenes que le acarrearían un máximo de ocho años de cárcel.
Mancuso prosiguió su declaración en Medellín (noroeste), luego de que el martes confesó el apoyo de militares en la conformación de su grupo de ultraderecha a comienzos de los años noventa, y justificó el paramilitarismo en el abandono del Estado frente a las acciones de las guerrillas de izquierda.
El testimonio, de más de ocho horas, es visto por familiares de víctimas a través de un circuito cerrado de televisión en el Palacio de Justicia de la segunda ciudad colombiana.
Esas personas contaron que Mancuso pidió perdón y lloró el martes, y reveló que el mayor del Ejército Walter Fratini —muerto en un combate con rebeldes en 1993— le dio a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) armas de fuego con salvoconductos.
Asimismo, señaló que a cambio los paramilitares daban información al Ejército sobre presuntos auxiliadores civiles de la guerrilla que luego eran asesinados.
Mancuso es uno de los 59 jefes de las AUC presos en la cárcel de alta seguridad de Itagüí, cerca de Medellín, que esperan el inicio de sus procesos de confesión en el marco de la ley de Justicia y Paz, marco jurídico del desarme de 31,000 paramilitares acordado con el gobierno de Álvaro Uribe.
El ex líder de las AUC enfrenta medio centenar de procesos por asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados y despojo de tierras por los que recibiría una pena de cinco a ocho años de prisión, siempre que confiese y repare a las víctimas.
También se le anularía la condena de 40 años de cárcel que recibió en ausencia por la masacre de 15 civiles en octubre de 1997 en Ituango (noroeste), un caso por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado a pagar indemnizaciones por 1.5 millones de dólares.
Además, el gobierno le garantizó no ser extraditado a Estados Unidos, que lo reclama por narcotráfico.
Su declaración despierta especial interés por las posibles revelaciones sobre vínculos entre los paramilitares y la dirigencia del país, en un escándalo que tiene en prisión a tres congresistas del oficialismo, mientras que otros seis son investigados.
