El Programa de Transparencia de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en coordinación con varias organizaciones de la sociedad civil, en el marco de la semana internacional anticorrupción, dio a conocer ayer un informe que detalla los avances de Nicaragua en cuanto al cumplimiento de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
De igual forma se dio a conocer el informe que sobre el mismo tema elaboró la Oficina de Ética Pública (OEP) de la Presidencia de la República. Ambos informes fueron presentados ante un grupo de expertos de la Organización de Estados Americanos (OAE) en Washington.
A través de una videoconferencia que conectó a Managua con Washington, dos representantes de la OEP brindaron detalles sobre los informes presentados en Washington. En Managua los interlocutores fueron Francisco Jácamo de la Comisión Nacional Académica de Derecho (Conader) y Luis Aragón de Ética y Transparencia (EyT), además del director del Programa de Transparencia de la USAID, Eduardo Berthin.
El evento contó también con la presencia de representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil que le están dando seguimiento al cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Emilio Ortega, de la OEP, dijo desde Washington que “los expertos (de la OEA) han analizado las formas en que en Nicaragua se ha implementado este instrumento legal tan importante para la lucha contra la corrupción”.
DEBER
“Ha sido nuestro deber (…) informar todo el ordenamiento legal vigente que tenemos en materia de anticorrupción”, dijo.
En este sentido amplió refiriéndose a temas como el nepotismo, el peculado, el lavado de dinero y otros delitos que se pueden generar en el Estado.
Tanto los representantes del gobierno como los de la sociedad civil coincidieron en cuanto a las fortalezas y debilidades de la legislación anticorrupción en Nicaragua.
Ortega hizo mención de las leyes existentes en Nicaragua, entre éstas la Ley de Probidad de los Servidores Públicos que prohíbe que funcionarios nombren parientes en las instituciones del Estado.
También abordó sobre la Ley de Servicio Civil y de Carrera Administrativa, la cual tiene como objetivo garantizar los principios de igualdad, méritos y capacidad en el ingreso a la carrera administrativa y la forma de convocar en caso de vacantes en las instituciones.
Lamentó que la ley de carrera judicial no se haya reglamentado aún, lo que impide que ésta se aplique.
Por su parte Francisco Jácamo, de Conader, coincidió con Ortega, al expresar que no existe la aplicación plena de algunas leyes.
