Uno de los dictadores más brutales y sanguinarios de América Latina pudo hasta el último minuto de su vida burlarse de sus víctimas. Con su muerte, el general Augusto Pinochet evadió para siempre la justicia que debió serle aplicada y las miles de personas perjudicadas por su régimen criminal jamás tendrán la satisfacción de una condena.
Pinochet es uno de los últimos símbolos del autoritarismo latinoamericano, de la figura del típico dictador de derecha del siglo XX en América. Según recuentos oficiales, la cosecha del régimen fue más de 3 mil asesinados, más de mil desaparecidos y centenares de miles de exiliados. Y eso que sólo en Chile, sin tomar en cuenta la mortífera Operación Cóndor de las dictaduras del Cono Sur.
Cuando se recuerda aquel 11 de septiembre de 1973, se hace énfasis en la ruptura de la institucionalidad y la legalidad, la feroz represión y la imposición de la dictadura de 17 años. Pero también no se profundiza en las circunstancias que antecedieron el golpe y el momento histórico regional y mundial.
Salvador Allende, el presidente derrocado por la traición de Pinochet, era un socialista de ideales y de un gran espíritu democrático. Era un hombre pacífico y respetuoso de la legalidad. Su llegada al poder fue gracias a los votos. Tuvo sentido de vergüenza y del honor, como lo atestigua su decisión de quitarse la vida en La Moneda bombardeada y en llamas, antes que rendirse a los golpistas. Pocos políticos podrían mostrar tanto coraje.
Sin embargo, Allende, quien era marxista, creía poder convertir Chile en un país socialista por la vía pacífica y electoral. Fue aliado de Fidel Castro —en muchos sentidos el dictador cubano es, como Pinochet, la antítesis de Allende—, quien había logrado mucha influencia. Esto, y la relación con la Unión Soviética despertaron el recelo de la derecha chilena y de Washington. Soplaban los vientos de la Guerra Fría; Estados Unidos luchaba por la hegemonía mundial con la URSS.
Los meses que antecedieron el golpe militar fueron de incertidumbre e inestabilidad, que en parte fueron provocadas y, en parte, provenían de las divisiones dentro de la oficialista Unidad Popular, una variopinta alianza de izquierda.
¿Qué habría pasado si Allende hubiese hecho de su país un Estado comunista? Es una conjetura propia de los historiadores, pero dado el derrumbe soviético económico y político, podría uno atreverse a decir que Chile no estaría ni por cerca de donde está hoy: la economía más exitosa de América Latina y rumbo al primer mundo.
Uno de los argumentos preferidos de los partidarios de Pinochet es que la salvaje represión se justifica porque el golpe evitó instaurar un sistema comunista y para detener a la guerrilla. Es una falacia. Ni evitar el comunismo ni la más noble causa pueden justificar tanta bestialidad y crueldad. Vayamos a la historia: los golpistas hallaron escasa resistencia armada o social efectiva y de manera fácil acabaron con ella. Ni el Gobierno ni otros organismos sociales tenían la capacidad de resistir la acción bien organizada de la fuerza armada profesional.
“Pinochet y sus seguidores escogieron ejercer el terror y la represión porque eso servía para justificar su afirmación de que la amenaza marxista era real y que sólo podía ser contrarrestada con semejantes medidas”, escribió Alan Angell, profesor de Oxford especializado en política latinoamericana y con varios libros escritos sobre Chile.
Simplemente, Pinochet y sus cómplices escogieron el reino del terror para construir un poder autoritario sin contrapesos, agrega Angell.
Un segundo gran argumento de quienes defienden al dictador es que gracias a él se produjo “el milagro económico chileno”. Es como si las acertadas políticas de la transición democrática no contasen.
Pinochet introdujo reformas neoliberales, puso en práctica las ideas monetaristas de Milton Friedman —el Premio Nobel de Economía muerto recientemente— y se estima que sentó las bases del despegue económico.
También recortó el gasto social drásticamente, lo que produjo un deterioro. La parte de la sociedad que no le apoyaba no podía contestar sus políticas. Cuando su régimen terminó, el 40 por ciento de los chilenos estaban en la pobreza, una cifra que casi se redujo a la mitad en los 16 años de gobiernos democráticos. En determinados momentos de su régimen, el desempleo alcanzó el 30 por ciento. Muchas de las privatizaciones no fueron hechas con transparencia y en parte sirvieron para recompensar a seguidores. Como hoy sabemos, el tirano y su familia son corruptos, pues evadieron impuestos y amasaron una fortuna de 28 millones de dólares —se cree—, mantuvieron cuentas secretas en EE.UU. y escondieron miles de kilos de oro en Hong Kong.
La emblemática privatización de la seguridad social, el sistema de administradoras de pensiones, considerado como un modelo a imitar hasta hace poco, viene ahora a una profunda revisión en Chile. La movilidad laboral, el insuficiente nivel de cotizaciones y el fenómeno del desempleo son factores de importantes fallas del sistema. En el 2008, Chile lanzará un modelo reformado, anunció esta semana el ministro chileno de Economía, Alejandro Ferreiro.
Que Pinochet trajo estabilidad política, reza otro argumento. Difícilmente éste era un régimen con representatividad social y la paz social era con frecuencia la paz de los cementerios.
Gracias al juez español Baltasar Garzón se abrieron procesos contra Pinochet. Su acción sentó un precedente en el Derecho Internacional humanitario y reafirmó la idea de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y pueden ser juzgados extraterritorialmente. Alentó la creación de la Corte Penal Internacional. Eso permitió que en Chile se le abrieran procesos tras su regreso de su detención de año y medio en Inglaterra. La verdad es que nunca se le condenó por razones de índole política y por el temor de los máximos jueces chilenos. Hay que admitir que raramente un dictador termina en la cárcel, a menos que sea derrocado por la fuerza y capturado.
Pero moralmente, Pinochet merecía una condena y sus víctimas también. En cierto modo tuvo su castigo: la humillación de verse detenido en Londres, de sus desafueros y arrestos domiciliarios, de librarse de una sentencia condenatoria bajo el pretexto de ser demente, el descrédito de su figura al saberse de su corrupción y ser abandonado por la derecha y el Ejército. Falta aún el veredicto de la historia.
EE.UU. debería finalmente reconocer su responsabilidad moral. El presidente Richard Nixon y su secretario de Estado, Henry Kissinger, sabían del golpe, lo alentaron y luego apañaron la sangrienta represión. Bendijeron al dictador. Otros gobiernos estadounidenses también olvidaron sus ideales y prefirieron apoyar a dictaduras criminales para preservar sus intereses geopolíticos.
La muerte del déspota demostró cuán profundamente dividido está aún Chile. Ojalá que ella sea el cierre de un capítulo y el comienzo de otro donde finalmente sanen las dolorosas heridas del alma de esa nación.
