Por variadas razones, muchos presidentes incumplen sus promesas de campaña electoral. Algunos de ellos, gracias al sistema de reelección presidencial, tienen una segunda oportunidad para reivindicarse. El presidente reelecto de Brasil, Inázio Lula Da Silva, por ejemplo, incumplió varias de sus promesas en su primer período presidencial. Prometió diez millones de nuevos empleos y sólo creó cuatro. Tampoco llevó a cabo en la medida esperada, la tan necesaria reforma agraria en Brasil donde el 1 por ciento de la población sigue poseyendo el 50 por ciento de la tierra. Y aunque duplicó el salario mínimo —como lo había prometido— esperó hasta poco antes de las elecciones para hacerlo. Sin embargo, los brasileños le han dado una segunda oportunidad para que esta vez cumpla. Latinoamérica está a la expectativa de la nueva gestión de Lula Da Silva y lo mismo se puede decir de Nicaragua donde el comandante Daniel Ortega tiene una segunda oportunidad de gobernar, ahora en democracia y en paz. El pueblo nicaragüense, lo mismo que la comunidad internacional, esperan que Ortega cumpla.
Además de voluntad, el comandante Ortega necesitará de inteligencia política para crear un ambiente de gobernabilidad, sobre todo, tomando en cuenta que su partido es una minoría gobernando, pues aunque la afirmación moleste al presidente electo y a otros líderes sandinistas, el apoyo que recibió fue de menos del 40 por ciento de los votantes. Esto le obliga a buscar consenso entre las demás fuerzas políticas representadas en la Asamblea Nacional para aprobar leyes importantes y hacer reformas que ofrezcan la indispensable seguridad jurídica que atraiga la inversión masiva de capital extranjero y el consecuente crecimiento económico.
Ortega prometió respetar y estimular el sistema de libre mercado pero también dijo que dedicaría mayor atención y recursos a la inversión social para que el progreso y el desarrollo lleguen a los sectores pobres. Esto significa, entre otras cosas, el aumento de su salario real y el acceso a una mejor educación, salud y vivienda. Encontrar el balance entre la buena intención de ayudar a los pobres y mantener los índices macroeconómicos necesarios para seguir contando con el apoyo de los organismos financieros internacionales, demandará mucho de Ortega. Sobre todo, tomando en cuenta la crisis energética mundial por la carestía del petróleo.
Nicaragua es el segundo país más pobre de América con un PIB per cápita de 730 dólares. Su deuda interna y externa es alta. La mayor parte de la ayuda internacional (80 por ciento) es atada —emplea los procedimientos de la agencia financiera y no los del Gobierno— y se ejecuta a través de un número muy elevado de proyectos que necesitan mejor coordinación. Por todo lo anterior, es saludable y sensato que el nuevo gobierno continúe con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que contiene los aspectos necesarios para el desarrollo nacional sostenible y la reducción de la pobreza, y su complemento, el Plan Nacional de Desarrollo Operativo (PNDO) presentado por el Gobierno del ingeniero Bolaños en el 2004, que es el instrumento de planificación para conducir el gasto público en la dirección elegida por el Gobierno y que permite la revisión de los proyectos en funcionamiento y de los nuevos que vayan a iniciarse.
Daniel Ortega también prometió que lucharía contra la corrupción administrativa la cual se define como el abuso del poder y de los bienes públicos para beneficio personal, de un partido o de un grupo. La corrupción es una de las causas del empobrecimiento de Nicaragua y es algo que no se puede seguir tolerando. Un estudio del Instituto del Banco Mundial en varios países latinoamericanos revela que las principales causas de la corrupción son la impunidad, la debilidad institucional, la fragilidad del sector privado y la ausencia de un sistema de fiscalización idóneo e imparcial. O sea que para combatir la corrupción, Ortega tendría que despartidizar nuestro Poder Judicial a fin de que los delincuentes de cuello blanco no sigan burlando la justicia y, asimismo, el Poder Electoral, la Procuraduría General de la República, Fiscalía y otras instituciones de control y fiscalización. Esperaremos, pues, a ver si Ortega pasa de las promesas a los hechos.
