Seguirán perdidas tucas decomisadas

Caso no amerita persecución penal, dice fiscal de Nueva Segovia [doap_box title=»Fechas no concuerdan» box_color=»#336699″ class=»archivo-aside»] No obstante, el Fiscal Departamental aseguró que revisaron las diligencias “concluyendo que todos los sucesos del caso ocurrieron antes de la entrada en vigencia de la Ley 559 el 20 de julio del presente año, y en consecuencia, cuando […]

  • Caso no amerita persecución penal, dice fiscal de Nueva Segovia
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No obstante, el Fiscal Departamental aseguró que revisaron las diligencias “concluyendo que todos los sucesos del caso ocurrieron antes de la entrada en vigencia de la Ley 559 el 20 de julio del presente año, y en consecuencia, cuando sucedieron, no constituyeron delitos, sólo una violación administrativa”.

Insistió en que la denuncia de la Procuraduría Regional del Ambiente no tiene cabida procesal porque no es perseguible penalmente y el mérito es una sanción administrativa como el decomiso o la suspensión del permiso de operaciones o sanciones directas al delegado del Inafor implicado en el caso.

Sin embargo, verificando la fecha señalada por el fiscal departamental Douglas Vargas, se confirmó que la Ley Especial de Delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Ley 559, fue aprobada el 26 de octubre del 2005 y publicada en La Gaceta, Diario Oficial número 225 el 21 de noviembre del 2005, y no el 20 de julio del 2006.

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Corresponsal/Nueva Segovia

El Fiscal Departamental del Ministerio Público en Nueva Segovia, Douglas Vargas, reveló que la denuncia de la Procuraduría por el delito de fraude al Estado de Nicaragua en la desaparición de 435 tucas de madera decomisada, “no merece persecución penal”.

Según el fiscal, los hechos ocurrieron antes de la aprobación de la Ley de Delitos Ambientales y que por lo tanto debe considerarse una sanción administrativa para el funcionario implicado en el caso”.

El 19 de mayo el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena) decomisó en el sitio conocido como El Cascabel, comarca de Quisulí, municipio de Mozonte, propiedad de Miguel Ángel Gómez, 435 tucas de pino.

La delegada departamental del Marena, Martha Rubio, justificó que las trozas se encontraban en el área protegida, en un centro de acopio no autorizado y fue cortada en las cercanías de fuentes de agua y en pendientes no autorizadas, violando la Ley 559, Ley Especial de Delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales.

madera desapareció

El Inafor fue notificado el 13 de julio por el Marena sobre la existencia de una resolución administrativa que ordenaba el decomiso de esa madera, pero en una posterior inspección que realizó el 17 de julio el Procurador Regional del Ambiente, Aristeo Zeledón, y la delegada territorial del Marena, fue sorpresa que la madera había desaparecido.

Presuntamente la madera fue sacada del sitio con orden de la delegación departamental del Inafor en seis camiones, para entregársela a su dueño, indica una investigación de la delegación territorial del Marena.

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