- Ética y Transparencia señala que se debe procesar a todo aquel que haya intentado alterar actas de escrutinio
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El Organismo Cívico Ética y Transparencia (EyT) sugirió ayer que el Consejo Supremo Electoral (CSE) y la Fiscalía Electoral procesen legalmente a las personas que trataron de hacer fraude a través de la alteración de los resultados de las actas de escrutinio el 5 de noviembre pasado.
Según el director ejecutivo de EyT, Roberto Courtney, hubo muchos esfuerzos por parte de fiscales de los diferentes partidos para alterar los resultados, en algunos casos coludidos con autoridades electorales.
Courtney aseguró que en la mayoría de los casos estas maniobras se detectaron y se impidieron, sin embargo opinó que se debe procesar a los que intentaron cometer estos delitos, para que no ocurra en el futuro.
“Hay que señalar que no progresó, se detectó y se detuvo, pero el intento ahí estuvo”, dijo Courtney, y a la vez señaló que “es muy importante que el CSE tome cartas en el asunto, procesando a las personas que trataron de alterar actas, como de hecho ocurrió en algunos lugares como Carazo”.
En Carazo, días después de las elecciones, el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) denunció este tipo de alteraciones efectuadas por los fiscales del Frente Sandinista para despojar de su curul al diputado electo por este partido, Juan Ramón Jiménez, lo cual fue comprobado por observadores nacionales e internacionales y el intento de fraude no logró fruto.
La Ley Electoral, en sus artículos 173 a 175, establece sanciones de arresto inconmutable a las personas que cometen éste y otros delitos electorales.
Alerta con diputaciones
EyT advirtió también que se debe poner atención a tres casos de diputaciones con poco margen de diferencia en el número de votos entre un partido y otro, porque podría socavar la voluntad popular.
Las diputaciones que EyT refiere, son la sexta y última de Chinandega, la 19 y última de Managua, y la tercera y última de la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN). “La razón es porque todas éstas están separadas por entre 20 y 500 votos”, indicó Courtney.
En estos casos, según Courtney, está centrada la atención de los observadores, por la razón de que los resultados o la validez de una o dos JRV pueden ser los que determinen a cuál partido le corresponderá finalmente el escaño.
“A estos tres casos es necesario darles seguimiento, para que la voluntad popular sea respetada”, señaló Courtney y agregó que si bien pueden estar de acuerdo con la voluntad popular, hay que asegurarse de que todos los recursos legales sean ventilados, para que estos votos sean adjudicados de la forma más transparente.
