- En la práctica “confiscaron” nuestras tierras, dicen dueños de bosques
[/doap_box]
Corresponsal/Nueva Segovia
El sector forestal en el municipio de San Fernando podría abrir en los próximos días un proceso judicial contra el Estado de Nicaragua por los delitos de usurpación, daños y perjuicios creados a raíz de la Declaración de Área Protegida y la Ley de Veda Forestal.
Un pronunciamiento público, firmado por la directiva de la Comisión Forestal Nacional (Conafor capítulo en el municipio de San Fernando), indica que en la actualidad el sector forestal es “atropellado, ultrajado y humillado por resoluciones emitidas por las instituciones gubernamentales que sólo entorpecen el buen funcionamiento de la actividad y el desarrollo del municipio”.
¿Cuándo y a quién consultaron para declarar nuestras tierras áreas protegidas? ¿Por qué no apoyan las labores de protección que realizamos con recursos propios? ¿El Gobierno posee recursos económicos suficientes para indemnizar nuestros bosques y declararlos patrimonio nacional?, son las preguntas que se hace Alcides Centeno, representante de los dueño de bosque en San Fernando en la Conafor, argumentando las razones de su demanda.
La misiva de los forestales, que señala específicamente al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), considera que esta instancia “ataca la ilegalidad de los madereros, pero a su paso con sus resoluciones y acciones perjudica las buenas intenciones de los que estamos dispuestos a manejar sostenidamente nuestros bosques”.
Paralelamente, dice, hay ausencia de programas que fomenten la reforestación comercial, no hay financiamiento para el sector y la tecnología implementada en los viveros es poca e insipiente.
PRESAGIAN DESASTRE
El futuro es incierto para el sector forestal y por consiguiente para la economía del municipio, porque presagian una deserción masiva de los dueños de bosques en las actividades de manejo y protección, el avance acelerado de la frontera agrícola, el incremento irrefrenable de los incendios forestales en el verano próximo y un rebrote de la plaga del gorgojo que acabe con los pinares de la zona.
“La vida misma de nuestra población sufrirá severos daños y la flora y la fauna desaparecerán”, insistió Centeno.
DESEOS DE DESARROLLAR
Centeno aceptó que el sector forestal en San Fernando estaba hasta hace poco tiempo “un poco desordenado”, pero que han hecho esfuerzos por instaurar un ambiente de “gobernanza” y existen dueños de bosques que están invirtiendo en actividades de reforestación, dando mayor valor agregado a la madera y promoviendo el ecoturismo.
Actualmente en el municipio de San Fernando los dueños de bosques, a través de la Asociación de Productores Forestales (Aprofosc) de Santa Clara, están reforestando 310 hectáreas de bosques.
Hugo Paredes, uno de los productores privados, tiene establecido un vivero de 80 mil plantas, trabaja en la reforestación de 70 hectáreas, paga una cuadrilla de hombres para la prevención y control de incendios y mantiene dos vigilantes en áreas críticas.
Con el apoyo que el productor Alcides Centeno considera “incondicional” de la Alcaldía de San Fernando buscan desarrollar proyectos que promuevan en el municipio el ecoturismo.
La Empresa Agroforesa ha instalado las condiciones para darle valor agregado a la madera produciendo palos de escoba, muebles, paneles y tarimas, generando 200 empleos permanentes y aportando el uno por ciento a la Alcaldía.
Por otro lado, el productor Juan José García construyó una torre de observación y paga un salario mensual a dos brigadistas contra incendios, que apoyan a su vez el manejo y protección de unas mil 600 hectáreas de su propiedad.
Así como lo hace también la Empresa Madesa que promueve actividades de protección de la regeneración natural y nuevas plantaciones en el sector de Las Camelias.
Todos de manera organizada en la Conafor se han empeñado en planificar una estrategia que desarrolle de forma sostenible el sector forestal en el municipio, demostrando que pueden tener “un nuevo rostro” apoyando toda lucha contra la ilegalidad, manifestó Rúrico Amador, de la organización.
Amador dijo que “para ello necesitamos el apoyo del Estado de Nicaragua para que en vez de confiscarnos las tierras, a como ahora lo sentimos, incentive la actividad económica”.
OBLIGADOS A CUMPLIR
Por su parte, el ingeniero Vado Orozco, delegado municipal del Inafor, sugirió una mejor coordinación institucional para no obstaculizar las buenas iniciativas de quienes quieren manejar y proteger su bosque.
Señaló que era una gran pena que inversionistas con mentalidad de desarrollo en la actividad forestal se vean corridos por esos obstáculos que generalmente las mismas leyes imponen y que como institución “estamos obligados a cumplir”.
En tanto, la ingeniera Martha Rubio, delegada territorial del Marena en Nueva Segovia, manifestó que está obligada a “cumplir y hacer cumplir las leyes y resoluciones que existan y rijan la materia”.
