La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió durante su reciente Asamblea General celebrada en la ciudad de México, un informe sobre Venezuela en el cual se señaló: “la libertad de expresión, los medios de comunicación y los periodistas enfrentan un marco legal y situaciones de hecho cada vez más restrictivos para el ejercicio del periodismo, además de amenazas y agresiones del oficialismo” (LA PRENSA, 13 de octubre, 2006).
Poco tiempos antes de emitir ese informe, en agosto recién pasado la presidenta de la SIP, señora Diana Daniels, hizo una visita a Venezuela invitada por periodistas y legisladores venezolanos, durante la cual intentó inútilmente reunirse con el presidente Hugo Chávez. Y ante la negativa de éste a recibirla, la señora Daniels le envió una carta pública en la cual le expresó: “Si un gobierno está seguro de que representa la voluntad del pueblo y de que trabaja en el mejor interés de aquellos a quienes sirve, entonces ese gobierno debe poder soportar el escrutinio de una prensa crítica. Al restringir la libertad de prensa y de expresión, elimina un derecho esencial que no pertenece a la prensa, sino al pueblo venezolano”.
En contraste con esa situación imperante actualmente en Venezuela, cabe reconocer que en Nicaragua sí hay libertad de prensa, la que sólo se pudo establecer hasta que los nicaragüenses pusieron fin, mediante el voto, a la dictadura sandinista. La libertad de prensa funciona en Nicaragua, sin perjuicio de los incidentes aislados —algunos muy graves, como los asesinatos de los periodistas Carlos Guadamuz y María José Bravo en el año 2004 y Adolfo Olivas en 2005— que ocurren de vez en cuando en la relación de los medios con los poderes públicos y las presiones que éstos siempre están ejerciendo sobre los periodistas.
Pero el informe de la SIP sobre Venezuela, necesariamente hace recordar que hace menos de veinte años la dictadura sandinista violaba la libertad de prensa en Nicaragua, de la misma manera que lo hace ahora el régimen de Chávez ; y motiva a considerar que esa misma situación volvería a darse aquí si Daniel Ortega y el FSLN ganaran las próximas elecciones.
“Existe en Venezuela una política de terrorismo fiscal, una política de Estado contra todos aquellos que se oponen al proyecto político del presidente Hugo Chávez. Aquí lo que hay es un sistema de terrorismo de Estado, abierto en distintos flancos para presionar, intimidar a los medios”, dijo el periodista venezolano Miguel Ángel Rodríguez en la pieza informativa sobre el mencionado informe de la SIP que fue publicada en la edición de ayer de LA PRENSA. Eso mismo fue lo que ocurrió en Nicaragua durante la dictadura de Daniel Ortega y el FSLN, la que quieren restaurar a partir de las elecciones de noviembre próximo. Chávez en Venezuela está sustituyendo a la prensa libre con medios de comunicación estatales y “comunitarios”, sometidos al gobierno, tal como lo hicieron en Nicaragua los comandantes sandinistas al imponer el Sistema Sandinista de Televisión, los periódicos oficialistas, la Coradep (para las radiodifusoras), los departamentos de medios del Ministerio del Interior y el Ejército Popular Sandinista, el Departamento de Agitación y Propaganda (DAP) de la Dirección Nacional del FSLN, etc., mientras que cerraron decenas de medios electrónicos independientes, censuraron LA PRENSA y la suspendieron, y reprimieron de múltiples formas a muchos periodistas.
Pero no seríamos justos si sólo señaláramos las acciones contra la libertad de prensa que impulsó como política de Estado d el régimen sandinista, la cuales podrían repetirse a partir del 2007 si la mayoría de nicaragüenses cometiera la insensatez de darle el voto a Daniel Ortega para Presidente de Nicaragua. También hay que recordar que la dictadura liberal somocista reprimió de manera brutal y sangrienta el periodismo independiente, como con el asesinato del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal en 1978. Más recientemente, el gobierno liberal de Arnoldo Alemán quiso liquidar a LA PRENSA con un reparo fiscal multimillonario; después un pistolero perteneciente al PLC asaltó a mano armada las instalaciones de LA PRENSA y otro matón del mismo partido asesinó a la periodista María José Bravo; y los diputados del FSLN y el PLC impusieron la Ley Arce para golpear económicamente a los medios de comunicación y quebrantar la libertad de información.
Son hechos —de los unos y de los otros— que no se pueden borrar de la historia ni se deben olvidar.
