Como corresponde a todo Presidente que toma el cargo, popular y respetado al menos por la mayor parte del pueblo, Manuel Zelaya prometió el 27 de enero pasado un futuro mejor, cumplir con sus promesas de campaña y llenar las esperanzas de cambio de Honduras.
A 10 meses de mandato, lo que ha mostrado más bien puede ser motivo de desaliento y frustración.
Se comprometió a mejorar la seguridad ciudadana. Honduras es uno de los países más violentos de América Latina y un paraíso de actividad de las maras. Ese tema era y es una de las tres principales preocupaciones del electorado hondureño, durante la campaña y hoy.
¿Qué ha hecho? La ola delictiva sigue imparable y lo único que se le ha ocurrido es volver a sacar a los militares a las calles —como lo hicieron Ricardo Maduro y varios antecesores—; sugerir que pasaría 4 mil soldados a la Policía, pese a que es sabido que los militares no están entrenados para las funciones policiales. Dijo que dialogaría con las maras, y tras unos amagos iniciales, la idea quedó en el olvido. ¿Verdaderamente buscó ese diálogo? No lo sabemos con certeza; únicamente que no ha tenido lugar.
Aún no termina el año y es prematuro hacer un balance económico. Sin embargo, cabe recordar que el FMI evaluó positivamente la política macroeconómica y fiscal que seguía Maduro y que en líneas generales, continúa este Ejecutivo.
Fuera de llamar a la reinscripción de unas decenas de miles de inmigrantes en Estados Unidos en el Estatus de Protección Temporal (TPS), que les concede una extensión de permisos temporales de trabaja, Zelaya y su equipo no han desarrollado una estrategia de más largo plazo para apoyar a los que viven fuera.
De acuerdo a la ONG Foro Nacional para las Migraciones, medio millón de hondureños han emigrado de Honduras entre 1990 y 2004.
“Un millón de hondureños residen en el exterior, representan el 13.6 por ciento de la población nacional”, afirma Jorge Ramón Hernández, diputado del opositor Partido Nacional. Es el autor de una iniciativa , “Ley de Protección a los hondureños emigrantes y sus familiares”. El diputado calcula en unos 2,300 millones de dólares lo que mandarán a casa este año los migrantes. Como es el caso en Nicaragua, el interés del gobierno es escaso, se carece de fondos y sobre todo de ideas (¿de voluntad también?).
Una de las iniciativas buenas —sí es que la intención era sincera— fue la de convocar a una licitación nacional pública para la compra de petróleo más barato. Zelaya incluso está en tratos con Hugo Chávez para el suministro de crudo venezolano en condiciones ventajosas.
El anuncio de Zelaya causó la furiosa reacción de las tres transnacionales que importan el petróleo —dos de ellas estadounidenses y la Shell holandesa— y, como era lógico esperar, la de la Embajada (ya saben a cuál me refiero) que vela por los intereses de las compañías de su país. Hubo chantajes y amenazas de impedir el almacenamiento de combustible si se lleva a cabo la licitación.
Los críticos aseguran que lo que Zelaya pretende únicamente es favorecer a otros intereses comerciales, a los de ciertos allegados al consultor estadounidense que supervisaría el proceso.
No sabemos de grandes progresos en la lucha contra la corrupción. Peor: empieza a hablarse de abusos de poder y dinero público por esta administración a los niveles más altos: Zelaya mismo y su familia. Y peor todavía: el Presidente se confronta a los medios y se muestra intolerante con las críticas. Los impulsos autoritarios son, como vemos, una manifestación de la cultura política latinoamericana, ya sea a la izquierda o a la derecha.
El diario La Prensa le ha llamado “Un Presidente viajero”. Cuando sólo tenía 8 meses de gobierno, se le contaban 16 viajes al exterior. Hoy habrá que sumar la reciente gira a Taiwán. Hasta entonces había viajado 326 km diarios y gastado unos 10 millones de lempiras —el cambio con el dólar es hoy de 18.9 por uno— en pasajes y viáticos para … ¡200 personas! Entre funcionarios, amigos, familia y periodistas.
Algunas publicaciones le señalan a él y su familia de abusar de fondos públicos. Su reacción ha sido airada. Habla de injurias, calumnias, extorsión y chantajes. Incluso habla de crear un canal estatal, fortalecer la radio oficial y editar un semanario oficialista.
Su actitud le ha valido las críticas de la Sociedad Interamericana de Prensa, como lo reporta su último informe.
Pese a ser un político derechista de los más tradicionales, en cuanto a actitud hacia los medios, Zelaya coincide con Evo Morales y Chávez. Y eso que no llegamos aún al primer año de gobierno.
