- Las comunidades miskitas mantienen su demanda de que les demarquen las tierras comunales y les den títulos de propiedad. Es lo mismo que pedían hace más de 24 años, con la ventaja de que ahora existe una ley que les protege, y la desventaja de que hoy son poblaciones más pobres que en 1982, porque el ejército sandinista acabó con sus aldeas, el ganado y las fincas productivas
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La tierra todavía es un problema en la comunidad indígena de Waspam, la cabecera del municipio con más de 100 aldeas junto al río Coco, porque algunas familias originarias han vuelto y sus terrenos están ocupados por miskitos de otros poblados que optaron por quedarse aquí después que el gobierno sandinista les permitió retornar al río, a finales de los años 80.
La pobreza extrema es el otro problema que aumentó tras el desalojo de la población indígena de río Coco, de 1982, cuando más de ocho mil miskitos fueron llevados contra su voluntad a los asentamiento de Tasba Pri (Tierra Libre), más de diez mil huyeron a Honduras y otros miles se dispersaron en territorio nicaragüense.
En 1986, el gobierno de Daniel Ortega autorizó el retorno de los indígenas a sus comunidades de origen, pero la zona del río Coco ya había perdido la fuerza productiva que poseyó antes de 1982, y los afectados volvían a empezar de la nada.
La gente “regresó sin nada, el que regresó, regresó de cero, a volver a construir; y nadie en el río ha recibido en ninguna de las 114 comunidades un gesto de indemnización por todo lo que perdieron”, explica Rose Cunningham, coordinadora de la autoridad comunal de Waspam.
La capital de río Coco tiene hoy más de 11 mil habitantes en el área urbana y aún quedan cientos de waspaneños en otros sitios, en Managua o Puerto Cabezas, que “añoran volver, y sus tierras están ocupadas”, dice Cunningham.
LA RESACA DEL DESALOJO
David Suazo, comerciante y finquero de Waspam, reconoce que hay una confrontación por la tierra en esta comunidad y para resolverla sugiere acelerar el proceso de demarcación de las áreas comunales, un reclamo similar al que hacían los miskitos antes de 1982, cuando fueron reprimidos.
Afirma que algunas personas foráneas se han asentado en lotes de la comunidad de Waspam, mediante el pago de 500 córdobas, y a los dos o tres años los venden hasta en diez mil córdobas.
“La tierra comunal no se le puede vender ni a los propios nativos, menos a gente de afuera”, explica Suazo. “Nosotros trabajamos la tierra, sin apropiarla, y a veces lo que se venden son las mejoras, árboles frutales y construcciones”.
Windel Chow, del Consejo Regional de Atlántico Norte, considera que el conflicto de los años 80 es la causa de los problemas principales que padecen hoy las comunidades miskitas del río Coco.
Chow, quien nació en Bilwaskarma, opina que la destrucción de las comunidades miskitas en 1982 volvió dependientes a sus habitantes, los que pasaron “de la independencia a la dependencia” económica.
“Los que se fueron al otro lado (Honduras) estaban en campos de refugio, sin hacer trabajos y solamente recibiendo, que les dieran para comer; y aquí, en este lado, en los asentamientos (Tasba pri) lo mismo pasó”, dijo Chow.
Tras el desalojo, argumentó, “los buenos productores, los buenos trabajadores que había, algunos se debilitaron, otros se murieron y otros se fueron para otro lado”.
FALTA UNA RETRIBUCIÓN
Rose Cunningham recuerda que “cada familia miskita mínimamente tenía sus dos, tres, cuatro vaquitas, y ya no digamos los que tenían más… La gente tenía sus animalitos, sus casas, y no ha habido un programa serio de retribuirle a este pueblo toda esa cadena, toda esa red que había para que esta región fuera el granero de Nicaragua, porque nosotros hasta logramos exportar arroz en algún momento, y frijoles, desde el río Coco”.
Al terminar la guerra en 1990, los indígenas que habían estado en la Resistencia volvieron a sus comunidades con un par de botas, unas cuantas láminas de cinc y un machete.
“Lo que más resiente es que la gente no sólo perdió su identidad en muchos casos, o estuvo en riesgo su identidad, no sólo perdieron el lazo familiar que después se tuvo que reconstruir, sino que también la gente regresó sin nada”, comenta Cunningham.
Las comunidades miskitas también tratan de reconstruir sus estructuras de gobierno ancestral, destruidas por el conflicto militar. La autoridad comunal tiene un juez (wihta), un síndico (tasba lalka) y un jefe de policía de la comunidad, entre otros funcionarios y miembros del Consejo de Ancianos.
ROCES POR TIERRAS
El juez Local Único de Waspam, David Rodríguez, informó que han ocurrido roces entre la Alcaldía y la autoridad comunal, porque la administración municipal anterior inscribió como propio un terreno del casco urbano.
“No consultaron a la comunidad si podían inscribirlo como propiedad municipal”, afirmó Rodríguez. “Waspam sigue siendo una comunidad y todas sus tierras son comunales, no hay tierras ejidales ni municipales”.
El judicial aclaró que en ningún momento la autoridad comunal de Waspam ha pretendido desalojar a nadie de esta comunidad, pero tampoco acepta que vengan personas de otras comunidades miskitas a apropiarse de la tierra ajena. “La idea del tercero no es sólo para el mestizo”, enfatizó.
Rose Cunningham dice que los miskitos que hoy viven en Waspam y nacieron en otra comunidad, es en ésta donde tienen derecho a tierras, según las leyes internas de cada aldea.
“Con el retorno, hay familias que se quedaron en Waspam por seguridad en ese momento o porque tenían miedo de las minas y se fueron quedando; y hay otra gente que vino a asentarse, que son de las comunidades, porque traen a sus hijos a estudiar”, añadió.
La autoridad comunal insiste en que los beneficiarios directos de la tierra en la comunidad de Waspam son las familias autóctonas y sus herederos. En su reclamo enarbolan la Ley 445, aprobada el 13 de diciembre del 2002, que garantiza a los pueblos indígenas “el pleno reconocimiento de los derechos de propiedad comunal, uso, administración, manejo de las tierras tradicionales y sus recursos naturales, mediante la demarcación y titulación de las mismas”.
La ley ya existe, la aplicación correcta todavía no, porque faltan los títulos de propiedad. “Hemos querido que los que viven en Waspam y que son los que vinieron después, respeten los terrenos que son de las familias de Waspam que todavía están en la diáspora, pues, andan por todos lados”, enfatizó Cunningham.
FSLN NO QUISO RESOLVER
El gobierno sandinista (1979-1990) mostró poco interés en resolver el problema de la propiedad de las comunidades miskitas, tal como se advierte en una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitida en 1984.
“Teniendo en cuenta que uno de los aspectos fundamentales del entredicho suscitado entre el Gobierno de Nicaragua y la población miskita es el referido a los reclamos de ésta en relación a sus tierras ancestrales, por considerar que el Gobierno está violando sus derechos a las mismas e introduciendo perjudiciales modificaciones al sistema de tenencia y explotación de esas tierras a través de la Reforma Agraria, la Comisión recomendó al Gobierno otorgar una solución justa al problema de las tierras ancestrales reclamadas por la población miskita”, indica el informe de la CIDH.
Luego explica que “la Comisión no ha advertido hasta ahora una manifestación clara de la voluntad del Gobierno de Nicaragua de cumplir esta recomendación”.
Al preguntarle a Rose Cunningham cuál cree que fue la razón verdadera del desalojo de los miskitos del río Coco, afirma: “Yo pienso que fue racismo. ¿Por qué tuvieron que quemar las comunidades?”
“Esta guerra nosotros no la queríamos”, reflexiona. “Esta guerra nos la hicieron y la hicieron en nuestra tierras… Volver a comenzar, a organizarnos, a estar en los niveles de decisión sobre nuestros propios recursos, es un derecho que no nos pueden quitar, pero es difícil”.
