Hoy se celebra a nivel mundial el “Día @lis de la Sociedad de la Información”, que según la información que recibimos de la Unión Europea es “un evento que busca dar a conocer experiencias internacionales que reduzcan la brecha digital entre América Latina y el mundo”, y “para intercambiar, diseminar y valorizar experiencias innovadoras para crear una Sociedad de la Información inclusiva en América Latina y el Caribe”.
Pero también hoy se celebra el Día Internacional del Derecho a Saber, que fue instituido desde el año 2003 por la Freedom of Information Advocates (Defensores de la Libertad de Información), con el propósito de destacar la importancia que tiene para la vida en democracia y libertad el acceso de los ciudadanos a la información de carácter e interés público. Por lo consiguiente, es una celebración destinada a crear conciencia de que los gobernantes deben respetar efectivamente el derecho de las personas a conocer la información que manejan las instituciones y los funcionarios públicos.
Se trata de dos celebraciones diferentes. La primera tiene que ver con el mejor aprovechamiento de los recursos y el potencial de la sociedad de la información para el desarrollo de los procesos económicos, administrativos y sociales, y específicamente en búsqueda de reducir la abismal brecha informática (es decir, del “conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de ordenadores”, o sea computadoras) que existe entre los países altamente desarrollados y los que están en vías de desarrollo o permanecen en el hoyo del atraso y, por lo tanto, de la pobreza, como es el caso de Nicaragua.
La segunda celebración, o sea la del Día Internacional del Derecho a Saber, se refiere propiamente a la información de carácter general que se maneja en los poderes públicos y cuyo conocimiento es un derecho que pertenece a los ciudadanos, al menos en las sociedades democráticas porque en los países dominados por regímenes dictatoriales y totalitarios todo es “secreto de Estado”, hasta la enfermedad e incapacidad del presidente, como ocurre en Cuba comunista.
Sin embargo, siendo técnicamente distintas las dos celebraciones están estrechamente conectadas entre sí, porque ambas se refieren a la información y porque las personas tienen tanto derecho de acceder a los recursos de la informática y aprovechar sus ilimitadas posibilidades, como de conocer las informaciones de interés político, económico y social que manejan los funcionarios públicos. Y el vínculo entre el tema de la sociedad de la información y el del acceso a la información pública, es la libertad.
Tan es así, que en el punto cuarto de la Declaración de Principios de la Sociedad de la Información, aprobada por la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (primera fase) celebrada en Ginebra, Suiza, en diciembre del 2003, se proclamó que: “Reafirmamos, como fundamento esencial de la Sociedad de la Información, y según se estipula en el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, que este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
En realidad, la reducción de la brecha digital o informática que separa a los países desarrollados de los atrasados no compete sólo a la economía y la administración pública, sino que interesa a cada una de las personas que integran la sociedad. Del mismo modo, el acceso a la información de interés público que guardan en su poder las entidades y funcionarios gubernamentales, no es algo que importa sólo a éstos y a los medios de comunicación, sino que está ligado al interés directo y personal de todos y cada uno de los ciudadanos.
Y en el corazón de estas dos celebraciones palpita el derecho de cada persona al aprovechamiento de la tecnología informática y la libertad de acceso a la información pública, la cual, cabe señalar que no existe en Nicaragua porque no la quieren reconocer los diputados del FSLN y del PLC a la Asamblea Nacional, quienes se siguen negando a aprobar la ley correspondiente.
