La inversión pública es una variable determinante para el desarrollo económico de los países y tiene dos impactos positivos.
En primer lugar, las inversiones públicas físicas en educación, salud, reducción de pobreza, vivienda y gobernabilidad (inversión en infraestructura social y en seguridad y justicia), permiten la construcción de sociedades más equitativas y competitivas frente a la globalización.
En segundo término, la inversión pública atrae a la inversión privada nacional y extranjera, lo que tiene consecuencias positivas sobre el empleo y el crecimiento económico. La inversión pública en carreteras, puertos y energía eléctrica entre otras (inversión en infraestructura económica), fortalece la capacidad productiva del país.
En los presupuestos nacionales de América Central se destinan muy pocos recursos para la inversión pública (incluyendo tanto la inversión en infraestructura económica como social), la cual debe ser sacrificada ante los elevados gastos corrientes, los pagos de deuda pública y la incapacidad de generar más ingresos tributarios y no tributarios. En muchos casos la inversión ejecutada no es prioritaria y carece de impacto social y económico.
Costa Rica y El Salvador son los países que menos destinaron en 2006 a la inversión pública (0.7 por ciento y 2.4 por ciento del PIB, respectivamente). Por el contrario, Honduras y Nicaragua fueron los países en donde más inversión se presupuestó (respectivamente 5.1 por ciento y 8.3 por ciento del PIB).
Ante la firma del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos los gobiernos enfrentan el reto de mejorar la competitividad de la región, lo que se traduce en la necesidad de más y mejor inversión pública.
En el presupuesto del año 2007 se deberá buscar la forma de incrementar los recursos para este fin y promover inversiones públicas eficientes y eficaces con estudios serios sobre su impacto en el desarrollo económico. Los acuerdos sociales en materia fiscal jugarán un papel muy importante para definir las prioridades de inversión.
