- EE.UU. ha deportado a El Salvador a miles de personas en 8 meses, 1,704 tienen antecedentes penales
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SAN SALVADOR/AFP
Las deportaciones de miles de delincuentes salvadoreños desde Estados Unidos se han convertido en un serio problema para la seguridad en El Salvador, al grado que este asunto centró la reunión de los presidentes Elías Antonio Saca y George W. Bush, el lunes en Nueva York.
En lo que va del año Estados Unidos deportó a 7,874 salvadoreños de los cuales 1,704 tienen antecedentes penales por comercio de drogas, asaltos, robos y agresiones sexuales.
Cada semana llegan aviones fletados por el gobierno de Estados Unidos para trasladar a los repatriados salvadoreños. Los últimos 83 deportados, todos con antecedentes penales, llegaron el lunes a El Salvador.
La tesis de las autoridades salvadoreñas es que las generalizadas extorsiones y otros delitos aumentaron en el país, debido a la llegada de pandilleros y otros delincuentes, que no pueden ser juzgados en El Salvador debido a que los delitos los cometieron en territorio estadounidense.
El lunes, tras presentar una lista de criminales salvadoreños que fueron repatriados de Estados Unidos, Saca obtuvo la decisión de Bush de ordenar a su consejero de Seguridad Nacional, Stephen Hadley, reunirse en el corto plazo con funcionarios del país centroamericano para buscar soluciones bilaterales.
“El (Bush) comisionó a su Consejero de Seguridad para que tenga reuniones al más corto plazo, porque le explicamos que esto está complicando la situación delincuencial. Él no solo se mostró sorprendido, sino que se mostró dispuesto a analizar la situación delincuencial”, declaró Saca a periodistas salvadoreños que le acompañan en su gira a Estados Unidos.
En la reunión del lunes, estuvo presente el ministro de Gobernación (Interior), René Figueroa, quien llevó algunas propuestas para afrontar el fenómeno, entre ellas establecer una “figura legal” que permita a El Salvador arrestar a los deportados que tienen antecedentes penales.
Otra de las propuestas es que Estados Unidos brinde apoyo para mejorar las investigaciones de la Policía Nacional Civil salvadoreña y la Fiscalía General y que además Washington financie la construcción de una cárcel de máxima seguridad para recluir a los deportados responsables de delitos.
Al comentar el viaje de autoridades a Estados Unidos para tratar el tema de los deportados, la Universidad Centroamericana (jesuita) aseguró este martes en una nota editorial de su radio YSUCA, que “en ningún momento le resolverá al Ministerio de Gobernación el problema de las extorsiones y de los homicidios” por cuanto “el problema está aquí y no en Washington”.
El coordinador de asuntos penales de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Nelson Flores, aseguró a la AFP responsabilizar a los que llegan deportados por las extorsiones “no tiene base científica”, por cuanto la mayoría de ellos sólo cometió faltas menores como conducción temeraria.
Grupos empresariales salvadoreños expresaron gran preocupación ante la ola de asesinatos y la inseguridad que reina en el país, que estaría ahuyentando la inversión extranjera.
La alarma de los empresarios se encendió luego de que las extorsiones cometidas por delincuentes y grupos de pandillas se generalizaron en el país, sumado a que el promedio de homicidios se elevó de 10 a 12 y los costos para contratar servicios de seguridad se incrementaron.
El empresario y alcalde de San Miguel (138 km al este de San Salvador), Wilfredo Salgado, fue el primero en denunciar el repunte de la violencia y señaló a la AFP que “ya hay un éxodo” de algunos empresarios que se van de la ciudad por las extorsiones o episodios de violencia como la quema de autobuses.
Salgado comentó que aprovechando el TLC con Estados Unidos, el gobierno pretende atraer la inversión de salvadoreños que residen allí, pero advirtió que a esos empresarios “la inseguridad los pone en duda de viajar”.
“La inversión local y también extranjera responde a señales, y nos preocupa en ese sentido la delincuencia”, declaró a la prensa el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Federico Colorado.
De acuerdo a la Dirección General de Migración de El Salvador, en 2004 Estados Unidos deportó a 6,248 salvadoreños, de los cuales 1,965 tenían antecedentes penales, mientras que en 2005 los deportados fueron 7,117, de los cuales 1,783 tenían prontuario.
