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Las noticias que vienen emanando de México son en parte extrañas, en parte sorprendentes. Los resultados de la elección presidencial del 2 de julio son impugnados y el popular candidato que quedó en segundo lugar se instala en la plaza central de la capital, levanta una carpa y promete empezar su propio gobierno.
Miles de partidarios se le unen y bloquean las principales avenidas de la segunda urbe más grande del planeta. El mal tráfico empeora y los negocios se perjudican, al tiempo que la vida y la política cotidiana se interrumpen. Por primera vez en la historia mexicana, el Presidente ni siquiera puede subir al podio para dar su informe anual al Congreso. Por su parte, el Presidente electo se ve en la necesidad de celebrar su victoria en la plaza de toros de la ciudad, un lugar pequeño que puede controlarse fácilmente.
De repente la nación que hace apenas seis años colectivamente rompió los grilletes de la dictadura de un partido único, parece ahora profundamente polarizada y consternada por su experimento democrático. Más del 60 por ciento de los mexicanos encuestados la semana pasada por el diario Reforma cree que la situación política se pondrá más tensa y más de dos de tres temen que haya violencia, según encuesta de la firma de investigación GEA-ISA.
Los mexicanos tienen buenas razones para estar preocupados. Durante los 71 años del régimen del Partido Revolucionario Institucional, la disidencia política fue a menudo reprimida a la fuerza. La guerra sucia de finales de los 60 y comienzos de los 70, marcó un punto particularmente bajo en el abuso gubernamental cuando estudiantes y disidentes de izquierda fueron asesinados. En la Masacre de Tlatelolco de 1968 el ejército usó tanques y helicópteros para silenciar a manifestantes que protestaban en la ciudad de México, matando a docenas. La represión gubernamental de movimientos indígenas en el sur durante los 80 dio origen al movimiento rebelde armado zapatista en 1994. Ese mismo año un candidato presidencial fue asesinado en un evento público.
Hasta ahora, la situación no ha llegado a esos extremos de violencia. A pesar de los miles de manifestantes en las calles, las interrupciones sin precedentes, los llamados a la creación de un gobierno paralelo o alterno y profundas divisiones, el país y su gobierno permanecen pacíficamente tolerantes, prudentemente civiles.
Este ambiente de paz debe mucho al hombre cuyos contradictores señalan como causante de la crisis: Andrés Manuel López Obrador. El candidato perdedor del Partido de la Revolución Democrática de izquierda ha hecho un esfuerzo deliberado para evitar la violencia. Según uno de sus principales consejeros, Manuel Camacho Solís, “todos los días le dice a la gente que se trata de un movimiento pacífico”.
López Obrador y sus consejeros han evitado llevar a situaciones que puedan generar violencia. Votaron a favor de no marchar hacia el edificio del congreso altamente resguardado el día en que el presidente Vicente Fox debía haber dado su informe anual al Poder Legislativo. López Obrador también ha prometido que no interferirá con el desfile militar del Día de la Independencia que se celebra este fin de semana.
Estos esfuerzos para eludir la violencia han limitado claramente las opciones del gobierno para reaccionar. El presidente Fox ya ha señalado que una solución armada es inaceptable. Sin embargo, más significativo es tal vez el hecho de que los mecanismos de represión ya no son lo que fueron —o al menos su atención está dirigida a otra parte.
En una especie de accidente histórico, según el historiador político Lorenzo Meyer, la justificación militar para sus políticas represivas contra la población en general desaparecieron con el fin de la Guerra Fría. Ahora el tráfico ilícito de drogas absorbe la atención y los recursos del aparato militar de inteligencia y sus operaciones clandestinas.
Meyer agrega de inmediato que la reducida violencia no puede atribuirse a una consciente reforma interna que buscara erradicar la opresión. De hecho, la aparente madurez y moderación del gobierno se debe más a la falta de preparación e inexperiencia con la democracia que a algún tipo de decisión premeditada. Como lo puso el escritor mexicano Jorge Volpi, el gobierno está “pasmado” y aparentemente no ha podido definir la mejor forma de responder al fenómeno López Obrador.
Esta paz por accidente ante la crisis electoral en México se pondrá más a prueba en los próximos días y hacia el futuro, a medida que López Obrador incite a sus partidarios a que hagan real su gobierno alternativo. Este fin de semana, López Obrador ha llamado a una convención nacional para nombrarlo, como mínimo, líder de un movimiento de oposición que represente a los pobres y marginados de México.
Históricamente México no ha sido tolerante hacia movimientos de oposición de bases populares. Pero éste es el primero de dichos movimientos que surge desde que el país se zambulló en la democracia en el 2000. La forma en que reaccionen Fox y el Presidente electo Felipe Calderón —al igual que López Obrador— marcará ya sea un triste retroceso en esa naciente democracia o pondrá a México en camino hacia una mayor inclusión e igualdad.
(Tras regresar de un permiso laboral, la columna de Marcela Sánchez se vuelve a publicar regularmente a partir de este domingo).
