- Ipade propone recuento de votos cuando haya alteración de actas de escrutinios el día de las elecciones
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Los organismos de observación electoral nacional Ética y Transparencia y el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), así como representantes de partidos, propusieron ayer modificar la normativa de impugnaciones aprobada por los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), en la que sugieren incluir el recuento de votos cuando se detecte actas alteradas.
El consenso surgió ayer en el foro electoral organizado por el Ipade y el Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés).
Mauricio Zúñiga, director del Ipade, dijo que la normativa aprobada por el CSE contiene vacíos de carácter legal, porque no se establecen los procedimientos que se adoptarán cuando se detecte documentación alterada, ya sea de los funcionarios de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) o de los fiscales.
“La principal inconsistencia que encontramos es que no se establece lo que hará el Consejo en el caso de la documentación alterada. Proponemos que el artículo cuarto diga claramente que va a prevalecer (…) el acta original que no tiene alteración o la copia de las actas de los fiscales que no ha sido adulterada y se debe establecer el mecanismo de recuento de votos cuando haya disputa”, señaló Zúñiga.
El director Ejecutivo de Ética y Transparencia (EyT), Roberto Courtney, advirtió que si la normativa no se modifica, entonces los fiscales tendrán la posibilidad de usar el recurso de impugnación cuando no esté satisfecho con los resultados electorales y será el CSE el que resolverá dichas impugnaciones sin que haya un manual.
El ex magistrado y representante legal de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Mauricio Montealegre, expresó que la normativa de impugnación debe flexibilizarse para evitar que haya falsificación y alteración de actas electorales.
Sin embargo, Montealegre se mostró prudente al señalar que la resolución del CSE con los resultados electorales de Granada fue legal, apegado a la Ley Electoral, pero carecía de legitimidad.
Ana Quiroz, fiscal nacional del MRS, dijo que la normativa de impugnación “cada vez es menos precisa” y “deja un vacío” para atrasar el proceso electoral.
