En los últimos días, informaciones sobre hechos positivos de interés nacional le han hecho una fuerte competencia a las malas noticias. Las informaciones sobre la mortandad por consumo de guaro envenenado, los apagones, la ventaja de Daniel Ortega en las encuestas y el juego sucio en la campaña electoral, por ejemplo, han tenido que compartir espacios con noticias positivas, como la de que Nicaragua está en la cima de América Central en lo que se refiere a buenas condiciones para hacer negocios; y la de que gracias al buen desempeño de la economía nacional, el FMI ha avalado al país para recibir unos 110 millones de dólares de cooperación externa en lo que resta del año en curso.
En efecto, el jueves pasado LA PRENSA destacó en su página de portada, bajo el título de “Nicaragua en la cima”, la noticia sobre “un ranking internacional elaborado por el Grupo del Banco Mundial, que este año ubicó al país en la posición 67 de entre 175 naciones evaluadas”. Según dicha información, Nicaragua subió 5 puntos en ese ranking, en relación con el año pasado, cuando ocupó el número 72, y se explicó que “un buen índice de facilidad para hacer negocios implica que el ambiente regulatorio es favorable para la actividad empresarial”.
Por otro lado, en la edición del sábado pasado LA PRENSA también destacó la noticia de que gracias a que la Asamblea Nacional había decidido aceptar las reformas al Código Tributario y al Presupuesto General de la República —propuestas por el Poder Ejecutivo—, el Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció el viernes 8 de septiembre corriente “el buen desempeño de la economía de Nicaragua y con ello la continuación del programa firmado con dicho organismo, con el cual el país aseguró el desembolso de 110 millones de dólares en cooperación en lo que resta del año”.
Esos fondos, que según la misma información son para fortalecer las reservas internacionales y para financiar programas sociales, económicos y productivos, servirán a su vez para mejorar todavía más las buenas condiciones que ya hay en el país para hacer negocios; lo cual es clave para las expectativas de crecimiento económico y desarrollo social del país, pues como es muy bien sabido, sólo la actividad que impulsa y administra la empresa privada es la que produce riqueza, crea empleos productivos, saca a la gente de la miseria, impulsa el crecimiento económico y fomenta la prosperidad de las personas y de la sociedad.
En realidad, pese a todas las adversidades materiales y obstáculos políticos que se han interpuesto en el camino de la reconstrucción nacional, el país ha venido creciendo lentamente, desde que en 1990 se instauró el nuevo sistema democrático de gobierno y de gestión económica. Este crecimiento ha sido, precisamente, el que ha sacado a Nicaragua de la postración, la miseria y el atraso en que la dejó el fracasado proyecto revolucionario “de orientación socialista”.
Las buenas condiciones para hacer negocios en Nicaragua se pueden apreciar fácilmente no sólo con las noticias antes mencionadas y con los indicadores que reflejan, por ejemplo, la disminución del desempleo, sino también con hechos como el extraordinario crecimiento del parque vehicular nacional, que es también una inequívoca muestra de progreso económico y del mejoramiento social de una gran cantidad de nicaragüenses.
Sin duda que hay todavía muchos compatriotas que sufren graves carencias de empleo, salud, educación, viviendas, transporte, etc. Pero el sistema democrático de gobierno y economía es el único que les ofrece la posibilidad real de salir de esa situación, y a quienes ya han mejorado, de seguir ascendiendo socialmente.
El sistema democrático de gobierno y la economía basada en la libertad de empresa es un precioso tesoro que debemos preservar, y más bien reforzar con reformas estructurales que permitan garantizar la plena vigencia del derecho de propiedad, la seguridad jurídica y el respeto a los contratos. Lo cual significa que no se debe permitir que en las elecciones del próximo noviembre triunfe la opción que quiere regresar a Nicaragua al régimen de la economía fracasada y la demagogia política y social, de la escasez y los racionamientos, del atraso material y la extrema pobreza, que además son agravados por la restricción e incluso la suspensión de la libertad y la democracia.
