Los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) y los funcionarios del gobierno limaron aspereza ayer al concluir una reunión en Casa Presidencial en la que estaban presentes el ministro de Educación, Miguel Ángel García; el ministro de Hacienda, Mario Flores; el canciller Norman Caldera; el ministro de Gobernación, Francisco Fiallos; la ministra de Salud, Margarita Gurdián y el segundo jefe de la Policía, Horacio Rocha.
En la reunión los magistrados electorales solicitaron al Gobierno de Nicaragua que retire la petición que realizó el embajador José Luis Velázquez, en nombre de Nicaragua a la Organización de Estados Americanos (OEA), para que la misión especial de observación electoral acreditada para los comicios nacionales presentara periódicamente una serie de informes electorales a la Comisión Permanente.
El canciller Caldera dijo que analizarían esa petición, pero ni los magistrados ni el canciller dieron una explicación clara sobre esa exigencia.
Roberto Rivas, presidente del CSE, señaló que le parece inapropiado que sea a través de la Comisión Permanente de la OEA que el gobierno se informe sobre los avances del proceso electoral.
prestarán escuelas
El ministro de Gobernación, Francisco Fiallos, dijo que el gobierno se comprometió a facilitar al CSE, las escuelas y los centros de salud que requieran para las elecciones nacionales, así como los vehículos propiedad del Estado.
Asimismo el ministro de Hacienda informó a las autoridades electorales que el gobierno designó 58.8 millones de córdobas adicionales de los 659 aprobados en el presupuesto para las elecciones nacionales y los gastos operativos del CSE.
Rivas solicitó al presidente Bolaños, a los ministros delegados y a la Policía Nacional una urgente reunión para abordar la destrucción de la propaganda electoral, ya que asegura que fue testigo de destrucción de pintas.
