La violencia delincuencial juvenil “hipoteca el futuro de la región”, advirtió a principios de esta semana la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. Es de allí de donde tomo el título de esta columna.
Hace una semana, discutíamos aquí el tema de la delincuencia y de las pandillas en El Salvador. Y creo que vale la pena reflexionar nuevamente, dado este informe y nuevos acontecimientos relacionados con la seguridad en la región.
“La violencia está en crecimiento, es mayoritariamente pobre, urbana, masculina, desempleada y es joven —entre los 13 y 29 años” , destacó la investigadora de la Fundación Arias, Ana Yancy Quirós, al presentar en San José el informe titulado “La cara de la violencia urbana en América Central”.
Como lo hemos señalado antes, los factores, entre otros, de la situación de alta criminalidad son: la pobreza, la desintegración familiar, una cultura de tolerancia a la violencia. Es lo que afirma el informe de la fundación del Premio Nobel, hoy de nuevo Presidente de Costa Rica.
Expertos en seguridad democrática centroamericanos y extranjeros lo repiten desde hace años: hacen falta políticas sociales para atacar las raíces del fenómeno, y no solamente las medidas represivas que muchas veces potencian la criminalidad.
Las maras son toda una cultura y un modo de vida que en numerosos casos constituyen un sustituto del calor familiar de un hogar destruido. La mayoría de los mareros son jóvenes sin educación, sin trabajo y sin oportunidades de vida digna fuera del crimen. Sin comprender elementos como éstos, no habrá respuestas eficaces.
El informe destaca la proliferación de armas —tres millones de armas están en manos de los civiles ilegalmente, una herencia de los conflictos armados de la década de los ochenta, según la fundación— como un elemento adicional que sirve a la violencia.
También critica las políticas de mano dura o las famosas “leyes antimaras” que no fueron sino reformas a los códigos penales en El Salvador y Honduras.
Según la fundación, esas leyes y su aplicación potencian el actuar de las maras y son un retroceso en la educación del respeto por los derechos humanos de las fuerzas de seguridad. Se hace énfasis en que el problema es “integral” y que debe ser abordado de ese modo.
Estados Unidos no escapó a los señalamientos. El reporte sostiene que las expulsiones masivas de personas por delitos empeoran el clima de seguridad en Centroamérica. Se manda de regreso a muchos elementos peligrosos, a los cuales los sistemas judiciales y carcelarios locales no están en capacidad de absorber o tratar debidamente. Peor aún si estos elementos no tienen antecedentes en el país, pues no pueden quedar en arresto. Pero en EE.UU. ya han absorbido malas mañas. El Salvador registra el mayor número de esas deportaciones.
EE.UU. debería revisar esa política y tomar en cuenta el problema que esto crea a nuestro países —sus aliados— y no ver únicamente su interés.
¿Qué sucedió en Centroamérica esta semana?
Pese a una redada de supuestos mareros extorsionadores, las maras siguen asesinado a transportistas y cobrando el “impuesto” a los transportistas salvadoreños. El presidente Tony Saca estudia acuartelar a la Policía y apoyarla con tropas del Ejército.
En Honduras, el gobierno creará un Consejo Especial de Seguridad Nacional para formular una respuesta a la ola criminal y ya sacó a los militares a patrullar. Esto no es nada nuevo; Ricardo Maduro ya lo había hecho.
Sin embargo, ¿es sacar a los militares la solución? En una vieja conversación, el analista de seguridad Roberto Cajina me decía que no. Los militares no están entrenados para ser policías. Ellos ven “enemigos” a liquidar, un enfoque inadecuado para tratar a los civiles, aunque éstos sean delincuentes. Y desde luego, queda aquel mal sabor del recuerdo de los años 80.
Redadas, militares en las calles, consejos, palos. Nadie habla de propuestas sociales de largo plazo. Y no hay peor sordo que aquél que no quiere oír.
