Si los diputados quieren realmente ayudar a resolver o al menos aliviar la crisis energética que sufre el país, deberían aprobar la emisión de letras del Tesoro, que propone el Poder Ejecutivo para que la empresa distribuidora de electricidad, Unión Fenosa, pueda obtener nueve millones de dólares que le permitan estabilizarse financieramente, arreglarse con las empresas generadoras y restablecer la normalidad en el servicio.
A nuestro entender, esta propuesta no significa darle un subsidio estatal a Unión Fenosa, como dicen algunas voces enemigas de esta empresa española que incluso demandan que sea expulsada del país. Si fuese un subsidio nosotros nos opondríamos enfáticamente, pues el Estado no tiene por qué darle subsidios a Unión Fenosa ni a ninguna otra empresa privada, cualquiera que sea el giro de su negocio o el ámbito de sus actividades.
Y no es que los subsidios estatales sean malos en sí mismos y, por lo tanto, repudiables para todos los casos. Realmente, en materia de política económica y social los subsidios estatales representan una herramienta que bien utilizada es útil para facilitar el acceso de la población de menos ingresos económicos, al uso y consumo de determinados bienes y servicios que tienen una gran utilidad social pero sus costos de producción y operación son obligatoriamente altos. Sin embargo, en cualquier caso los subsidios deben ser para los usuarios que necesitan esta forma de apoyo estatal, pero no para las empresas privadas que producen los bienes o prestan los servicios de interés público.
En el caso del servicio de energía eléctrica, el subsidio ya está determinado por ley y es únicamente para las personas jubiladas y los consumidores de un máximo de 150 kilovatios; en tanto que la propuesta del Ejecutivo se refiere a la emisión de letras del Tesoro para respaldar a Unión Fenosa, a fin de que ésta pueda conseguir nueve millones de dólares que le permitan afrontar la crisis financiera que sufre por el déficit en su cartera de cobro del consumo eléctrico. Y en todo caso, esos nueve millones de dólares serían una especie de pago a Unión Fenosa a cuenta del subsidio estatal al sector favorecido con las facturas congeladas.
Cabe señalar que fueron los mismos diputados los que determinaron en la Ley de Emergencia Energética, que la tarifa del servicio eléctrico para la gente de menor consumo debía ser subsidiada por el Estado. Y fueron también los legisladores quienes, por estrategia política u otras razones que son desconocidas para el público, decidieron mediante ley que en el campo de la generación eléctrica sólo se autorizarían inversiones para pequeñas empresas, o sea que prácticamente prohibieron las grandes inversiones en el sector energético a pesar de que son éstas precisamente las que impulsan y garantizan el desarrollo nacional.
De manera que ahora lo menos que pueden hacer los diputados —quienes tienen el sartén energético en sus manos y son por lo tanto los responsables de que la crisis de los apagones se comience a resolver ahora mismo o continúe por tiempo indefinido—, es aprobar la propuesta de las letras del Tesoro para respaldar los 9 millones de dólares que necesita recibir Unión Fenosa, a cuenta del subsidio a las facturas de consumo mínimo. Lo cual no significa que se deba eximir a la empresa española de las responsabilidades que realmente le competen. Es decir, Fenosa debe descontar a los consumidores el valor de la energía que no consumen debido a los apagones, no seguir obligándolos a pagar por el consumo de quienes roban energía y garantizar que en lo que dependa del sistema de distribución, no habrá más apagones.
Pero también a las empresas generadoras hay que medirles las costillas, pues ellas están obligadas a producir energía constante y de buena calidad —es decir, sin subidas ni bajones de voltaje—, deben invertir en la reposición de equipos obsoletos y tienen que justificar las suspensiones de generación.
Igualmente es necesario esclarecer si es cierto o no que los apagones que han mortificado últimamente a la población y causado severos daños a la economía nacional, son causados no sólo por fallas estructurales e intereses estrictamente comerciales, sino también por motivaciones políticas.
