Uno de los fundamentos de la democracia es la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, lo que los griegos llamaban isonomia. El principio inicialmente se refería a que los efectos de una ley no podían ser distintos para unos y otros. Posteriormente el interés se extendió a la igualdad de tratamiento de los individuos, es decir, a que la ley no discrimine por alguna razón. Significa que el Estado, por medio de sus órganos judiciales, deberá dar un trato igual a situaciones idénticas. Sólo así es posible hablar de justicia.
Entre los griegos, la justicia era representada por la diosa Themis (La Dama de la Justicia) vestida con ropas largas, holgadas y flotantes, con una espada en una mano y una balanza en la otra y, además, con los ojos vendados. Esto último significa que la ley debe administrarse ciegamente, es decir, de manera justa e igualitaria, sin prejuicio, avaricia o favoritismo alguno. Sin embargo, para que el principio de la igualdad ante la ley se practique en la realidad, el Estado depende de la probidad de quienes administran justicia diariamente, es decir, de los jueces incluyendo en este concepto a los magistrados. De ahí que cuando el sistema judicial de un país se corrompe, no hay manera de garantizar justicia.
En Nicaragua la justicia dejó de ser ciega hace mucho. Aquí los jueces mantienen los ojos bien abiertos para distinguir entre los que vienen ante ellos en base a su estatus político o económico. El caso de Pablo Tomás Pataki Pataki es ilustrativo. Se trataba de un reo enfermo que fue sentenciado a cárcel por una juez que sabía que no estaba en condiciones físicas para permanecer en la Cárcel Modelo. Según un reportaje de LA PRENSA publicado el miércoles pasado, cuando la juez fue consultada sobre su decisión, se limitó a decir que le correspondía al reo o a su representante solicitar la modificación de la sentencia y si no lo hicieron, no es problema suyo. Sin embargo, un juez debe asegurarse de que la sentencia no sólo sea conforme a derecho sino también justa, es decir, que proteja los derechos humanos del detenido, tenga o no dinero; sea o no un político prominente.
La sentencia justa debe ser compatible con la condición física o emocional del reo. Si el condenado es un anciano de 100 años de edad, un juez razonable —aunque la defensa del anciano no lo solicite— debe mandar que la pena sea cumplida en un lugar compatible con su edad. Si la ley prohibiera al juez tomar esa iniciativa, al menos podría aconsejar a la defensa para que haga uso del recurso de petición respectivo. De la misma manera si se tratara de una persona gravemente enferma o que padece de una enfermedad mental.
Si Pablo Tomás Pataki Pataki hubiera sido un millonario, un político corrupto o un miembro de un cártel de drogas con 600 mil dólares en los bolsillos, ¿habría corrido la misma suerte? ¿Habría incluido la juez en su sentencia un régimen especial de cumplimiento de la pena? LA PRENSA informó en el mismo reportaje que un juez de Ejecución de Bluefields adujo razones de enfermedad (hemorroides) para liberar a un narcotraficante de grueso calibre. Este tipo de disparidad en el tratamiento de los reos ocurre frecuentemente y no se trata de casos aislados como pretenden hacernos creer algunos magistrados de la Corte Suprema. El señor Pataki Pataki no tenía nada “atractivo” que ofrecer y por eso murió en la Cárcel Modelo. Esto, a pesar de que la juez en cuestión —según la Defensora Pública, Sheila Calero— conocía de dos dictámenes emitidos por el forense Hugo España que especificaban la grave condición de salud del reo.
No hay duda que la corrupción se ha convertido en una podrida llaga —como dice un profeta del Antiguo Testamento— que afecta nuestro sistema judicial desde la coronilla hasta los pies. Los jueces en sus sentencias discriminan por razones económicas y políticas, es decir, tratan de manera diferente dos situaciones idénticas.
Por lo tanto, los ciudadanos no somos iguales ante la ley y el sistema judicial no actúa con justicia. La solución definitiva es el desmantelamiento radical de todo este sistema.
