El otro sendero, el ya emblemático libro del economista peruano Hernando de Soto, presidente del Instituto Libertad y Democracia, cumplirá dos décadas el año próximo. Pero su contenido y el de The Mystery of Capital, otra de sus obras, están hoy más vigentes que nunca. La necesidad de incorporar más temprano que tarde los enormes bolsones de economía informal de la región a la legalidad es una asignatura que sigue pendiente. “No hay manera de globalizarse sin ser legal”, dice De Soto. “Esa necesidad, a la larga, llevará a una mayor formalización porque si no se cambian los regímenes legales, sobre todo los más pobres, nunca podrán acceder a la globalización”. De éste y otros temas, De Soto conversó con Gustavo Stok, Editor Adjunto de AméricaEconomía.
Este año ya hubo varias elecciones y quedan varias por celebrarse en la región. A la luz de los resultados, ¿es más optimista en su prédica a favor de los beneficios que generarían mayores niveles de formalidad?
A veces no son los procesos electorales, sino las circunstancias las que dan los incentivos para hacer las reformas necesarias. Acabamos de dar a conocer, junto al presidente del BID, Luis Alberto Moreno, los resultados de algunos estudios que realizamos en Argentina, Bolivia, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá y Perú durante el último año. Ahora que muchos de estos países de la región están firmando tratados de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, nos preguntamos cuántas compañías pueden aprovechar los TLC. Es decir, si tienen la formalidad suficiente como para llenar un conocimiento de embarque y exportar a Estados Unidos. La respuesta fue que sólo el 8 por ciento de las empresas está en condiciones de hacerlo. El 92 por ciento no puede. De esta forma, la informalidad llega a un punto tal en que buena parte de los latinoamericanos con actividades productivas no puede aprovechar la globalización. Tomar conciencia de esto es lo único que permitirá el cambio.
La formalidad es necesaria para acceder y sacar rédito de la globalización… ¿Qué pasa en países donde la identidad de las empresas no es reconocible en el mercado legal?
La globalización no es otra cosa que el nacimiento espontáneo de un sistema legal al que no puede entrar el 92 por ciento de las empresas de los países estudiados.
¿Qué evaluación hace del trabajo realizado por el instituto que usted preside en México?
Es el primer país de América Latina al que entramos hace unos ocho años. Los mexicanos han hecho muchos progresos en términos de abrir las puertas a los sectores más pobres y excluidos. Algunos resultados de nuestro trabajo fueron anunciados por el Gobierno mexicano, como que sólo el 6 por ciento de las empresas mexicanas pueden aprovechar el TLC. Y que buena parte de los activos sigue fuera de los circuitos legales y no pueden usarse para generar crédito e inversión.
En el Ranking de las 500 Mayores Empresas de América Latina, de AméricaEconomía los primeros puestos son ocupados por las mismas empresas en los últimos años. ¿Qué refleja esto?
No es una buena noticia. En casi todos los países de Occidente se incorporan a las élites nombres nuevos. La ausencia de cambios en América Latina tiene que ver en gran medida con el sistema legal. Para salir adelante empresarialmente se necesitan instrumentos como poder crear empresas con jerarquías muy separadas de las familias, utilizar los activos como garantías para generar crédito, emitir acciones para capturar inversión, tener sistemas de separación patrimonial para distinguir responsabilidades, dar capital humano e intelectual. Y sólo una minoría de las empresas latinoamericanas tiene esa capacidad. Es obvio que las élites seguirán siendo las mismas. En América Latina todavía no tomamos conciencia de la importancia de mirar el sistema legal. Seguimos creyendo que la razón por la cual los de abajo no suben es porque no pueden. Si no nos damos cuenta de que tenemos instituciones y sistemas legales muy deficientes, que no están al alcance de los más pobres y excluidos, no vamos a poder hacer ningún progreso. Hemos cumplido con ocho de los diez puntos del Consenso de Washington, básicamente los macroeconómicos. Pero casi no hemos tocado los últimos dos que son acceso a la propiedad legal, sin la cual no hay crédito, y acceso a la empresa legal, sin la cual no hay posibilidad de organizar y generar riqueza.
En América Latina se habla de responsabilidad social, pero hay una percepción de que las compañías no hacen lo suficiente. ¿La comparte?
La agenda en los países latinoamericanos debería ser distinta a la de los desarrollados, donde es fácil hacer empresa si se tiene talento. Algunas firmas, como Enron, han abusado de la legislación. Pero en América Latina eso es secundario. La responsabilidad social de las empresas prósperas es asegurar que el 92 por ciento restante que trata de ingresar al mercado tenga acceso a él. Eso sería una acción mucho más importante que las caritativas.
¿Qué expectativas le genera el Gobierno de Alan García en Perú?
Soy optimista. Ya en los noventa pensaba que García había cambiado. Hubo cosas que no funcionaron en su Gobierno y él lo entendió. No es un suicida. Estoy convencido de que cambió sus convicciones originales. Lo que no sabemos es cuánto éxito tendrá.
¿Por qué la búsqueda de mayor eficiencia a la hora de gestionar el Estado no es aún un tema fundamental en la agenda latinoamericana?
Es una asignatura pendiente. A la larga, el entorno en el cual se mueven las empresas modernas es la ley. Hay que preguntarse hasta qué punto la ley está abierta a todo el mundo, y eso muchas veces lleva al sistema político. La verdad es que en nuestros países los sistemas políticos siguen siendo demasiado fáciles de usar y con poca transparencia para permitir competencia. Las empresas no son muy distintas al futbol: si alguien no saca tarjetas amarillas y rojas, los jugadores se estarían arrancando las camisetas. Por eso se necesitan reglas claras y transparentes y, desgraciadamente, los sistemas legales en nuestros países siguen siendo oscuros y muchas veces esconden privilegios.
