Las personas que reciben salario para servir a la sociedad o a un grupo social están en la obligación de explicar su conducta cuando ésta se pone en tela de juicio. En esta categoría quedan incluidos líderes religiosos, miembros de la Policía, del Ejército y de los Poderes del Estado. Se trata de cargos de confianza ejercidos por personas en las que la comunidad deposita un grado de confianza sobre la base de supuestas cualidades profesionales y ético-morales. Por eso, cuando la ciudadanía cuestiona la actuación de un servidor público, éste no debe molestarse sino más bien proceder cuanto antes a dar las explicaciones correspondientes, a aportar información que las respalde o, en su caso, admitir o corregir el error cometido. El interés del servidor público debe ser que su gestión sea clara y transparente y que, además, la gente lo sepa. Cuando no es así se gana el descrédito y el rechazo de la población.
Por ejemplo, hace varias semanas, a raíz del asesinato del dueño de un prostíbulo en un barrio de Managua, salió a luz la información de que un alto mando policial recibía gratificaciones o coimas del personaje asesinado. Si la dirección de la Policía Nacional se hace de la vista gorda y no investiga este tipo de casos sino que trata de proteger a sus oficiales, estaría destruyendo la cuota de credibilidad que con mucho esfuerzo ha logrado en los últimos años. Esta organización es la más interesada en que se defina la situación y así deslindar responsabilidades.
Otro ejemplo. En meses pasados, la Corte Suprema de Justicia, por medio de dos de sus miembros se vio envuelta en el escandaloso robo de más de seiscientos mil dólares decomisados a gente supuestamente relacionada con el narcotráfico. La ciudadanía esperaba más de la Corte Suprema, pero ni a título personal ni de manera colegiada hubo de parte de ese Poder del Estado una explicación coherente y satisfactoria. El caso se manejó tras bastidores y, como resultado, el prestigio de la justicia de Nicaragua ha quedado totalmente por el suelo.
En días recientes, organizaciones de la sociedad civil denunciaron supuestas irregularidades del Poder Electoral en el manejo de la cedulación. LA PRENSA recogió numerosas denuncias en el sentido de que, actuando bajo lineamientos del partido Frente Sandinista, autoridades del Poder Electoral están favoreciendo al orteguismo a través de la manipulación del proceso de cedulación. Aparentemente, la entrega de cédulas a partidarios del sandinismo se ha estado haciendo de forma expedita, pero el proceso se entorpece cuando se trata de personas no sandinistas. La primera reacción de las autoridades electorales ante estos señalamientos fue defensiva. Declararon que se trataba de una campaña para desprestigiar al Consejo Supremo Electoral. “¿De qué no me han acusado en todos estos años?”, dijo el presidente del CSE, y agregó: “Después que todo esto pase se las van a ver conmigo cara a cara en los juzgados”.
Pero, ¿es esa una respuesta satisfactoria? ¿Se han esclarecido las dudas alrededor de la actuación del Consejo Supremo Electoral? ¿Se ha demostrado que las denuncias sobre anomalías en la cedulación son acusaciones sin fundamento? Desde luego que no.
En fin, todos los funcionarios públicos, comenzando por el Presidente de la República y los presidentes de los otros poderes del Estado, tienen la obligación de atender y satisfacer los cuestionamientos de la ciudadanía, que es la que paga sus jugosos salarios. La mejor defensa de los servidores públicos honestos es la apertura, la transparencia, el acceso de los medios de comunicación a la información relevante.
En Nicaragua hay servidores públicos desprestigiados pero por sus conexiones políticas o familiares se sienten inamovibles en sus puestos, y por eso no están interesados en cambiar la opinión negativa de los ciudadanos ni tampoco en aportar evidencia que respalde su probidad. Sin embargo, ese no debería ser el caso del Poder Electoral, cuyas autoridades tienen que ser muy cuidadosas porque si se demuestra que no han cumplido su deber a cabalidad, sino que han estado favoreciendo a un partido político imposibilitando el voto de muchos nicaragüenses, y por esto el FSLN llegara a ganar las elecciones, éstas podrían o tendrían que ser impugnadas.
