CORRESPONSAL / COSTA RICA
La nueva Ley de Migración y Extranjería de Costa Rica que castiga fuertemente a los ilegales, entraría en vigencia sin que antes sea reformada y, peor aún, sin que si quiera se haya iniciado el debate para retrasar en 17 meses su entrada en vigencia, tal como lo solicitó el Gobierno mientras busca mayores recursos para su aplicación.
El 12 de este mes entra en vigencia esta ley tildada de draconiana por el presidente Óscar Arias, mientras Migración tiene problemas para cumplirla.
El principal obstáculo para lograr al menos que se aplace temporalmente su aplicación, es el tiempo, a pesar de que existen al menos 42 diputados que integran las fracciones del Partido Acción Ciudadana y del Partido Liberación Nacional que estarían dispuestos a votar a favor de la iniciativa presentada por el Gobierno.
El director de Migración, Mario Zamora, dijo ayer que la aplicación de esta ley será un caso más en que la realidad jurídica contradice a la realidad institucional. “Es un caso más de una ley que no se cumple, es una ley de mentirillas”, dijo Zamora.
Aprovechando el inicio de sesiones extraordinarias, el Gobierno propuso al Congreso atrasar la entrada en vigencia de la ley durante 17 meses, mientras busca 7 mil millones de colones (cerca de 14 millones de dólares) para dotar de mayores recursos a Migración y Extranjería.
Migración calculó que ese será el costo de contratar más abogados y más policías especializados, además de contar con más oficinas y vehículos, centros de detención y equipo tecnológico, entre otros.
Pero también el Gobierno pretende plantear reformas de fondo, porque la ley concede mucha potestad a la Policía Especial de Migración, la cual podría convertirse en una “Gestapo” (policía hitleriana), según ha comentado el propio presidente Arias.
El martes anterior inició en el Congreso el período de sesiones extraordinarias, que finaliza el 31 de agosto, pero antes de la ley migratoria existen otras iniciativas presentadas por el Gobierno que representan mayor interés, como la ley de impuesto sobre la renta y la de concesión de obras públicas, que actualmente se encuentra en consulta constitucional.
La jefa de fracción del PLN, Mayi Antillón, que aglutina a 25 diputados, reconoció que es difícil aprobar reformas de esta ley antes del 12 de agosto.
Esto en parte por el complicado proceso administrativo que enfrentarán en el Congreso y la resistencia de algunos diputados como el independiente Óscar López, quien promete ofrecer batalla para frenar la reforma, vía mociones, una vez estando en el plenario.
Pero antes de eso deberá ser sometida a debates y consultas en la Comisión de Asuntos Sociales, lo cual se llevará varios días.
La viceministra de Gobernación, Ana Durán, dijo que de entrar en vigencia la ley, se aplicará, pese a que Migración tiene problemas para ejecutarla.
LA LEY
Esta polémica ley ofrece castigo con un monto equivalente a 12 salarios mínimos a la persona o empresa que tenga trabajando a inmigrantes sin papeles. El castigo es de cinco salarios base para quien dé alojamiento.
También castiga con penas que van de dos y seis años en prisión para quien resulte culpable de traficar personas. Además, el inmigrante que se encuentra ilegal, será deportado a su país de origen.
