Después que la Asamblea Nacional rechazó el veto presidencial a la Ley de Incentivos a la Industria Turística de Nicaragua (Ley 306), el jueves de la semana pasada, los diputados ya no tienen pretexto ni razón para no aprobar también la Ley de Creación de los Bonos de Intervención Turística (BIT), la que fue aprobada en lo general a fines del 2004 y desde entonces está a la espera de ser discutida y ratificada en lo particular.
El pretexto que invocaron los diputados del PLC y el FSLN para justificar la no aprobación en lo particular de la ley de los BIT, es que se debía ratificar primero la Ley de Incentivos a la Industria Turística de Nicaragua —o sea, rechazar el veto presidencial— a fin de favorecer a las pequeñas y medianas empresas del sector turismo, ya que según ellos la ley de los BIT apunta a beneficiar preferentemente a las grandes empresas del negocio turístico.
En realidad, ninguna de las dos leyes mencionadas debe ser dirigida a favorecer sólo a un sector del empresariado turístico. La ley tiene que ser pareja, sin perjuicio de que con el fin de atraer inversiones de gran cuantía —que son las únicas que pueden desarrollar de manera consistente la infraestructura turística en Nicaragua—, hay que ofrecer a los grandes inversionistas los incentivos apropiados para que se decidan operar en este país, que es tan rico en potencial y oportunidades, pero también abundante en corrupción e incertidumbre.
A los izquierdistas y populistas sus prejuicios anticapitalistas no les permiten ver más allá de la economía chiquita y la informal, detestan el negocio en grande y consideran que sólo se debe incentivar a las pequeñas empresas de turismo. Y sin duda que es necesario incentivarlas. Pero también hay que pensar en objetivos mayores, en la necesidad de meter a Nicaragua en la competencia con otros países del área por la captación de los crecientes flujos de turismo que se mueven en dirección a esta parte del mundo, pero que llegan muy poco a Nicaragua por falta de infraestructuras y de capacidad de ofrecer el excelente servicio que requiere ese tipo de turistas.
Es una tontería creer que hay una larga fila de inversionistas haciendo fila, en espera de que se les haga el favor de permitirles colocar sus capitales y tecnología en Nicaragua. En un mundo globalizado y tan competitivo como es el de hoy, los inversionistas escogen con lupa los países donde van a instalarse. Más bien hay que convencerlos de que además de beneficioso para Nicaragua, es conveniente para ellos arriesgar su dinero en el negocio turístico de este país.
Por cierto que el impedimento fiscal es uno de los aspectos que más consideran los inversionistas cuando estudian la posibilidad de invertir en cualquier país, sobre todo cuando lo que desean es hacer inversiones cuantiosas y de largo plazo. Y precisamente este tipo de inversión es el que más conviene a Nicaragua, porque contribuye con mayor efectividad al crecimiento real de la economía nacional y a la generación de más empleo permanente, directo e indirecto, que es el verdadero camino que conduce hacia la reducción de la pobreza.
El turismo hace o puede hacer una gran contribución al alivio de la pobreza, a la conservación del patrimonio natural y cultural y al desarrollo sostenible. Según la Organización Mundial de Turismo (OMT), “en el mundo desarrollado los ingresos por turismo en relación con el resto de los servicios significan el 28 por ciento; en los países en desarrollo, el porcentaje aumenta a 44 por ciento, y en los menos desarrollados su importancia es contundente: 70.6 por ciento. Por otro lado, la importancia relativa del turismo en las exportaciones oscila entre el 8 y el 11 por ciento del total de mercaderías exportadas, lo que expresa la magnitud de su trascendencia”.
Sin embargo, este rico potencial de recursos y posibilidades se desaprovecha lastimosamente, cuando políticos populistas y resentidos sociales bloquean iniciativas como la Ley de Bonos de Turismo, la que de ser aprobada ayudaría notablemente a atraer las grandes inversiones que se necesitan para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social de Nicaragua.
