- Mientras los empresarios del sector insisten en que hay que privatizar las maquilas, la Comisión Nacional de Zonas Francas (CNZF) promueve un proyecto de Ley para la industria pues ésta desde 1991 cuenta con un decreto, con rango de ley, que poco regula el quehacer. La iniciativa ya es conocida por los diputados del parlamento quienes aplauden la idea, aunque advierten que requiere de algunas modificaciones
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A inicios de julio la Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto de la Asamblea Nacional tuvo en sus manos el último borrador del proyecto de Ley de Zonas Francas.
La iniciativa cuenta con 15 capítulos y 61 artículos, en los cuales se dota de más regulaciones y nuevos conceptos al sector, dejando entrever el intento de un marco jurídico donde gana el empresario y gana el Estado.
La Comisión Nacional de Zonas Francas (CNZF), el ente regulador de la industria, sostiene que con el proyecto de ley se trata de ordenar al sector que desde 1991 cuenta con el decreto 46-91, con rango de ley, para operar en el país.
La disposición consistió desde sus inicios en crear un marco legal que incluyera elementos concernientes a la organización, manejo, incentivos, derechos, y obligaciones de las empresas operadoras y usuarias.
Sin embargo, los expertos en el tema y la misma CNZF coinciden que está desfasada.
“En la actualidad necesitamos de una ley que las rija, que sea justa y moderna”, insiste el director ejecutivo de la CNZF, Carlos Zúniga.
La comisión económica ve, en general, como positivo el proyecto.
Aunque concuerda que realizarán un dictamen favorable al proyecto de ley, con modificaciones de por medio.
“Porque no se trata de pasarlo como un cheque en blanco, hay que adecuarle algunos aspectos a la propuesta”, aclara el segundo vicepresidente de la comisión económica, el sandinista Wálmaro Gutiérrez.
LOS CAMBIOS
El presidente de la comisión, el liberal Wilfredo Navarro, coincide con Gutiérrez.
“Por decirte algo, hay que agregarle a la nueva ley más sentido de desarrollo en relación a la protección social y laboral de los trabajadores”, añade Navarro.
“Por ejemplo hay que definir bien lo que es extraterritorialidad y lo que no es, porque al amparo de esa definición puede venir impunidad en cuanto al incumplimiento de leyes laborales”, recalca.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales y Gremiales del parlamento, la sandinista Alba Palacios, por su parte dice que ve la nueva ley necesaria. Pero advierte que la inclusión del respeto a los trabajadores, en la proposición, es crucial.
Gutiérrez a lo anterior suma la necesidad de profundizar en las relaciones obrero-patronal porque, según dice, la iniciativa las resume en un artículo.
“Además hay que fortalecer la administración de aduanas, de tal modo que asegure que ese sistema opera para los fines por los que fue creado: la exportación sin exportar tributos de los productos que se manufacturan a nivel nacional”, apunta el parlamentario.
