Sigue toma de tierras en Matiguás

El temor es generalizado entre los productores del municipio de Matiguás, Matagalpa, ante los mecanismos legales empleados por grupos de tomatierras para apoderarse de las fincas que los primeros han poseído durante años, pero que son reclamadas como parte del patrimonio de la comunidad indígena de Muy Muy, entidad señalada de promover el “caos” y la inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra.

Durante un encuentro para analizar y buscar soluciones conjuntas para detener las tomas de tierras, algunos productores afectados denunciaron las “maniobras jurídicas” en virtud de las cuales corren el riesgo de ser despojados de las propiedades y advirtieron sobre próximas “invasiones masivas” alentadas por la comunidad indígena de Muy Muy, particularmente por los asesores de esa entidad, quienes al ser consultados después por LA PRENSA rechazaron los señalamientos.

“Esto va masivamente, ¡sépanlo!, tenemos conocimiento de que hay 500 escrituras ahorita, listas para tomarse las tierras de ustedes también. Así es que, si no estamos atentos, si no ponemos alto a este asunto, a ustedes les va a tocar el día de mañana”, advirtió la señora Belma Rojas a más de cien productores que acudieron a un encuentro para abordar el problema.

“Hoy me está tocando a mí, le está tocando a cuatro personas más y no sé cuántos están ahorita en los juzgados. Puede ser cualquiera de ustedes y puede ser cualquiera de los que ni siquiera vinieron (al encuentro) porque creen que están exentos de esta situación, pero aquí nadie está exento”, advirtió Rojas.

ASEGURAMIENTO DE BIENES LITIGIOSOS

La alerta entre los productores surgió el 18 de julio recién pasado, cuando la Juez Local Único de Matiguás, Jacqueline Borges, se presentó a cuatro propiedades diferentes y en cada una ejecutó la medida prejudicial denominada Aseguramiento de Bienes Litigiosos, cumpliendo mandamientos dictados por Carlos Castro, el Juez Local Único del municipio El Tuma-La Dalia, a instancia de los abogados Víctor Dávila y Ramón Uriel Ruiz Téllez, representantes legales de varias personas que pretenden apoderarse de las fincas.

En cada uno de los casos, la juez Borges dejó como interventores judiciales a personas que ya habían sido designadas por el juez Castro en los respectivos mandamientos de Aseguramiento de Bienes Litigiosos.

DESLINDAN RESPONSABILIDAD

Víctor Dávila, uno de los abogados señalados por algunos productores de promover el “caos”, negó esos señalamientos y dijo que junto al abogado Uriel Ruiz fueron contratados por la comunidad indígena de Muy Muy porque esa entidad “necesitaba que se le resolvieran ciertas obligaciones que tenían con unas personas a quienes ellos les habían extendido documentos que incluso están (inscritos) en el Registro de la Propiedad (Inmueble y Mercantil del departamento de Matagalpa)”.

“Simplemente nosotros lo que hicimos fue tramitar un aseguramiento en el cual hay una escritura. Que si es legal o es ilegal, eso se va a demostrar en un juicio”, dijo Dávila, añadiendo que “nosotros no podemos estar azuzando ni mucho menos promoviendo las tomas de tierras ni nada por el estilo. Simplemente nos buscaron como asesores y nosotros cumplimos con eso”.

Por su parte el asesor legal de la comunidad indígena de Muy Muy, Efraín Martínez Meza, rechazó que la actual junta directiva de esa entidad, que preside Juan José Granados, esté promoviendo las acciones judiciales en contra de los productores de Matiguás y responsabilizó a directivos anteriores de haber otorgado derechos de uso y goce a terceros sobre las propiedades que fueron afectadas con el Aseguramiento de Bienes Litigiosos.

“Quiero dejar claro que la comunidad indígena y en lo particular yo como asesor legal de la comunidad indígena (de Muy Muy) no hemos emprendido una sola acción de Aseguramiento de Bien Litigioso”, expresó Martínez, agregando que los abogados Ruiz y Dávila fueron contratados “por los particulares que tienen ese beneficio (derechos de uso y goce) otorgados por estos gobiernos indígenas anteriores”.