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Para Roberto Courtney, director ejecutivo de Ética y Transparencia, es urgente que los fondos públicos y privados destinados para el financiamiento a partidos políticos para la campaña electoral sean conocidos con transparencia por la ciudadanía y otros organismos fiscalizadores.
Courtney explicó que este control es necesario aparte de la fiscalización que ejercen el Consejo Supremo Electoral (CSE) y la Contraloría General de la República (CGR), instituciones señaladas de obedecer a los partidos PLC y FSLN.
Por otro lado, según Courtney, es muy peligroso que el narcotráfico pueda ejercer algún tipo de participación en campañas electorales a cambio de que no se mantenga seguridad policial en lugares propicios para traficar con drogas.
En el caso de Nicaragua, por ejemplo, señaló como ejemplo el Atlántico, un punto usado por los capos del narcotráfico.
“Extrañamente es el que te pide menos (los narcotraficantes). Normalmente te pide que no hagás nada, que ya que la Policía no cubre la mitad del Atlántico y en las dos o tres partes en la que está tiene a dos o cinco policías; te da plata a cambio de que simplemente mantengás las cosas tal y como están”, señaló en Primera Plana, programa producido por Canal 2 y LA PRENSA.
A 30 millones de dólares ascienden los gastos de los cinco partidos políticos que participan en la contienda electoral a verificarse el próximo 5 de noviembre en Nicaragua.
internet es útil
Delia Ferreira, académica argentina y especialista en financiamiento electoral a partidos políticos, sugiere que en Nicaragua tiene que haber reformas a la Ley Electoral, como ha sucedido en algunas legislaciones latinoamericanas, donde se ha avanzado en aspectos importantes de transparencia, como por ejemplo poner en Internet las cuentas de los partidos y la rendición del dinero público y privado.
Explicó que los medios de comunicación deben dar espacios a organismos de la sociedad civil que monitorean los procesos electorales para canalizar la información que luego llega a la ciudadanía.
Courtney insiste en que se tienen que hacer reformas a la Ley Electoral para controlar los fondos de donantes anónimos de las campañas electorales y permitir que otros organismos de fiscalización se involucren.
