- Pago por servicios ambientales será la base del éxito
[/doap_box]
Especial para La Prensa
El Instituto de Desarrollo Rural (IDR) en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) están impulsando el uso adecuado de los recursos hídricos en Estelí mediante un proyecto que está listo para ser implementado y tendrá un costo aproximado de medio millón de dólares en su etapa inicial.
Las acciones las realizará el IDR a través de la Unidad de Gestión Ambiental y del Programa de Reactivación Productiva Rural ubicándose en la Zona de Reserva Natural El Tisey – La Estanzuela y en la Comunidad de El Regadío.
Mediante este proyecto se pretende dar respuesta a la degradación progresiva de los recursos hídricos de la sub cuenca del río Estelí, situación que arriesga la disponibilidad futura de agua.
El objetivo es garantizar a la población de la sub – cuenca del Río Estelí el nivel de disposición y calidad de agua adecuado, articulando la subsistencia humana, el manejo de los recursos naturales y el desarrollo productivo.
El proyecto cuenta con un estudio hidrográfico de la zonas estipuladas, el cual ha dado las bases para asegurar que se cuenta con un importante potencial hídrico en términos de calidad y cantidad para el consumo humano y por supuesto para otras actividades como el riego.
Este aspecto es fundamental para la sostenibilidad técnica del proyecto y garantía para ofertar un servicio ambiental de calidad.
TRES OBJETIVOS
Para alcanzar el objetivo principal se deben lograr tres objetivos específicos, dependientes de los diversos actores mencionados, ya sea de forma individual o articulada.
El primer objetivo específico consiste en mejorar las condiciones físico-naturales en áreas de recarga hídrica de las zonas del Tisey – La Estanzuela y El Regadío bajo un enfoque dirigido a la cultura del mantenimiento de la continuidad, cantidad y calidad del agua.
Lo anterior se traduce en manejo con características intensivas de la ganadería, reforestación, delimitación y protección de zonas de recarga, diversificación de las actividades productivas (ecoturismo, floricultura, etc.).
Como segundo objetivo se tiene planteado establecer un mecanismo que garantice que las comunidades u otros usuarios del agua apoyen el mejoramiento de las áreas de recarga por medio de un sistema de pago por el servicio ambiental hídrico que reciben. Este objetivo se constituye en el mayor reto para el proyecto y sus actores, ya que está estrictamente relacionado con la disponibilidad de pago por parte de los usuarios.
Esta situación, en la mayoría de los casos, no es uniforme y en otros se puede dar una actitud negativa; además la disponibilidad de pago es determinante para la sostenibilidad del proyecto.
El tercer objetivo es conformar y consolidar una estructura organizacional encargada de administrar y dar seguimiento al funcionamiento del sistema de pago por servicios ambientales (PSA) a implementarse, por lo tanto contempla crear una estructura organizativa participativa y colegiada, debidamente legitimada y legalizada con su respectivo reglamento operativo.
Los servicios ambientales es todo aquel conjunto de condiciones y procesos naturales que la sociedad puede utilizar y que ofrecen las áreas naturales por su simple existencia, dicho de otra manera son aquellos servicios que proporciona la naturaleza pero que hasta hace algunos años no eran considerados como objetos de mercado tales como: recursos hídricos, biodiversidad, captura de gases que ocasionan el cambio climático, belleza escénica o paisajismo, protección contra desastres, entre otros.
En la actualidad el pago por servicios ambientales es considerado uno de los mecanismos de mercado sostenibles para el manejo y la protección de los recursos naturales, y es simplemente reconocer mediante un pago determinado los servicio que nos otorga la naturaleza.
LAS FASES
El proyecto se divide en dos etapas: durante los dos primeros años de existencia se alimentará con el fondo semilla facilitado por IDR, que permitirá establecer las bases físicas, jurídicas y organizativas necesarias para poder aplicar el sistema de cobro y pago por el servicio hídrico.
El segundo momento se da, cuando está consolidado el sistema de PSA, debidamente normado y aplicándose el cobro, lo que se espera después del cuarto año, a partir del cual se cuenta con los recursos financieros propios para hacerle frente al PSA, en otras palabras el proyecto es sostenible.
La distribución de las utilidades netas se realizará de forma equitativa bajo convenios y en correspondencia del área que los productores proveedores estén protegiendo o mejorando, así mismo se destinarán utilidades para el mejoramiento de servicios básicos públicos en las comunidades de las zonas de recarga hídrica.
El autor es Coordinador Nacional Unidad de Gestión Ambiental del Instituto de Desarrollo Rural (IDR).
