Lo peor que pueden hacer los ciudadanos de cualquier nación democrática es no ejercer su derecho al voto, pues este es el mecanismo por excelencia que la democracia les ofrece para hacer sentir su voz e influir en su propio destino y el de su patria.
El voto es poder. Por eso, declaraciones como las del ex jefe del Ejército Popular Sandinista (EPS), Humberto Ortega Saavedra, en el sentido de que él —a menos de cuatro meses de las elecciones— no tiene candidato, comunican un sutil desánimo con respecto al ejercicio del voto, que sólo puede beneficiar al partido Frente Sandinista encabezado por su hermano, Daniel Ortega.
En efecto, las encuestas indican que si los nicaragüenses indecisos no votan, Daniel Ortega tiene más probabilidades de ganar las elecciones. Y por otro lado, en Nicaragua sí hay opciones por las cuales se puede y se debe votar y no se necesitan meses de reflexión para decidirse, porque el panorama es claro. En este sentido, las personas de convicción democrática deben votar por la opción que no encarne el pacto de la corrupción que ha sumido a Nicaragua en la perversión institucional, el estancamiento y la confrontación. Los nicaragüenses no deben votar por “el mal menor” —como hicieron los peruanos en sus recientes elecciones— sino por quienes no hayan sido contaminados ni viciados y representan algo mejor para el país.
Los peruanos tenían básicamente dos opciones. Por un lado estaba Alan García quien ya había gobernado el país entre 1985 y 1990. Su gestión presidencial, para decirlo de manera suave, dejó mucho que desear. En la otra acera estaba el demagogo radical Ollanta Humala, un militar autoritario y populista alineado con el venezolano Hugo Chávez quien financió su campaña con petrodólares. Las opciones no eran de lujo y, sin embargo, el 88 por ciento (14.5 millones de los 16.5 millones que conformaban el padrón electoral) de los peruanos salieron a votar y Alan García ganó con más del 52 por ciento de los votos. ¿Por qué votaron masivamente los peruanos? Por temor al radicalismo y la lógica del mal menor. La posibilidad de que Humala ganara las elecciones y arruinara al país y lo embarcara en una confrontación absurda con EE.UU. hizo que muchos peruanos fueran a votar.
Pero la disyuntiva de los nicaragüenses no es escoger entre dos males sino entre lo malo y lo mejor, o al menos lo regular, entre el pasado y una alternativa que permita avanzar en la lucha contra la corrupción, contra el autoritarismo y por el fortalecimiento de la libertad, la democracia y la transparencia.
Así como en Perú con Humala, en Nicaragua Hugo Chávez tiene un marcado interés en que Daniel Ortega gane las elecciones. Por eso financia su campaña con urea y ofrece un engañoso acuerdo petrolero con los alcaldes sandinistas. Chávez sabe que si Ortega ganara establecería en Nicaragua una sucursal de la “revolución bolivariana” y una base del Alba contra el DR-Cafta. El Presidente venezolano pretende perpetuarse en el poder y manipula las leyes y falsifica las elecciones para conseguir su propósito. Es el típico comportamiento de los dictadores de derecha y de izquierda, como Somoza, Fidel Castro y Ortega. El problema no es que suban sino cómo bajarlos. A Nicaragua no le conviene volver a un pasado superado. Hay demasiadas cosas buenas que perder. Ni siquiera China y Rusia —dos de las mayores potencias económicas del mundo— se pueden dar el lujo de perder su tiempo y oportunidades por enfrentarse con EE.UU. El futuro de Nicaragua no pasa por los conflictos, la corrupción y el autoritarismo.
De manera que no hay que hacer caso a los azuzamientos directos ni indirectos al abstencionismo. Por el contrario, hay que repudiarlos. Las encuestas indican que hay unos 750 mil nicaragüenses indecisos (30 por ciento del total). Evidentemente esos indecisos no son partidarios del FSLN ni del PLC porque estos partidos tienen un voto duro y fiel por múltiples razones.
La decisión de esos 750 mil nicaragüenses es la que va a inclinar la balanza electoral. A ellos hay que recordarles la permanente verdad de que en la política quien se ausenta del cumplimiento de su deber cívico no puede después culpar a nadie por sus desdichas.
