El gobierno de Nicaragua y las organizaciones de la sociedad civil intercambiaron ayer los resultados de los distintos informes anticorrupción realizados durante el primer semestre del 2006, con la finalidad de consolidar el documento que presentarán ante la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El Procurador Penal, Iván Lara, manifestó que en el encuentro evaluaron la implementación de algunas disposiciones aprobadas por la Convención Interamericana y que será expuesta ante la OEA.
“El informe del Estado expresa cómo se han venido implementando los mecanismos, pero que aún carecemos de un sistema de protección de testigos, de los problemas institucionales que existen entre los diferentes poderes del Estado que de una u otra manera han venido afectando la implementación de algunos mecanismos en el sistema judicial”, comentó Lara.
Lara dijo que el informe que presentará el gobierno “es bastante autocrítico” acerca del funcionamiento de las instituciones gubernamentales, así como las estadísticas de los actos de corrupción, fraude y peculado.
Sin embargo, según Roberto Courtney, director del grupo cívico Ética y Transparencia, la postura del gobierno es “un poco cándida”.
Para Courtney, aunque el marco legal existe, el régimen de inmunidad favorece la corrupción en el país.
“Nicaragua sigue siendo un país donde la corrupción es prevalente”, dijo Courtney citando el informe de Transparencia Internacional.
Además Courtney expresó que aunque “se establece la obligación de todo ciudadano de denunciar conductas delictivas (…) pero no se establecen medidas de protección a los que realicen tales denuncias”.
