CORRESPONSAL / COSTA RICA
La Iglesia Católica costarricense ve con buenos ojos la posición del Gobierno de este país de buscar un retraso en la aplicación de la nueva Ley de Migración y Extranjería, tildada de draconiana por el actual presidente Oscar Arias.
“Esta iniciativa no sólo nos parece acertada, sino oportuna”, dijo monseñor Ángel San Casimiro, Obispo de la Diócesis de Ciudad Quesada y presidente de la Pastoral Social-Cáritas de Costa Rica.
La agencia de prensa ACAN-EFE informó ayer que el consejo de gobierno de Costa Rica acordó ayer proponer en agosto próximo a los diputados postergar al menos hasta diciembre del 2007 la entrada en vigencia de la nueva Ley de Migración por falta de presupuesto.
El ministro costarricense de Seguridad, Fernando Berrocal, dijo en una rueda de prensa que presentarán la propuesta a inicios de agosto, pues está previsto que la ley entre en vigencia el día 12 de ese mes.
La principal causa de esta petición es la falta de presupuesto para la compra de equipos de alta tecnología, construcción de infraestructura y contratación de personal necesario para poner en marcha la legislación.
LEYSIN PRESUPUESTO
Según el ministro, el anterior gobierno no presentó un presupuesto extraordinario para cubrir los cerca de 13 millones de dólares que se requieren para implementar la ley, que fue aprobada en segundo debate en octubre pasado.
“Es una propuesta acertada para procurar obtener primero los recursos necesarios para la implementación de la referida ley. Oportuna para abrir la discusión de algunos cambios de fondo contenidos en la ley, que poco favor le hacen a la tradición de respeto y promoción de derechos humanos que el país tiene”, añadió monseñor San Casimiro.
San Casimiro, junto al equipo de la Pastoral Social de Ciudad Quesada, realizan desde hace diez años una labor de acompañamiento a favor de los inmigrantes, sobre todo nicaragüenses, dándole apoyo en procesos de documentación, información y capacitación en varios temas, sensibilización, promoción de derechos humanos y asesoría migratoria.
La crítica de San Casimiro fue frecuente durante la discusión de esta ley que se aprobó a finales del año anterior, por su contenido discriminatorio, y siempre dijo que debía tener un rostro más humano.
HARÁN CONSULTAS
Berrocal explicó que el Poder Ejecutivo creará una comisión para recibir en audiencia a los distintos actores de la sociedad civil que se oponen a la nueva legislación, informó ACAN-EFE.
La ley castiga con cárcel de dos a seis años el tráfico ilegal de personas, conocido como “coyotaje”, y aplica la misma pena a quien oculte o encubra a extranjeros indocumentados en el país.
En el caso de un patrono que contrate a indocumentados, la sanción sube hasta 12 salarios base (unos 4,500 dólares).
La legislación también sanciona con multas a las personas que den alojamiento a indocumentados con multas que van de uno hasta cinco salarios base (de 358 a 1,700 dólares).
Cifras de distintas organizaciones no gubernamentales indican que en Costa Rica viven cerca de 800,000 extranjeros, en su mayoría nicaragüenses que envían anualmente a su país unos 250 millones de dólares en remesas.
Sin embargo, la cifra oficial de inmigrantes nicaragüenses legales en el país es de unos 400,000, quienes llegaron a Costa Rica en busca de mejores oportunidades, especialmente laborales.
