con la ley bit los empresarios esperan desarrollar la infraestructura turística, generar más empleos y aumentar la llegada de turistas al país que gustan, entre otras cosas, del sol y playa. (la prensa/archivo )

BIT no tocarán finanzas públicas

Asegura experta fiscal La experta fiscal Aída María Herdocia reiteró ayer que con la aplicación de Ley Especial para la Creación de Bonos de Inversión Turística (BIT) no se tocará ni un peso del presupuesto nacional. La Ley BIT fue aprobada , en lo general, en diciembre del 2004. Desde entonces el Gobierno y los […]

  • Asegura experta fiscal

La experta fiscal Aída María Herdocia reiteró ayer que con la aplicación de Ley Especial para la Creación de Bonos de Inversión Turística (BIT) no se tocará ni un peso del presupuesto nacional.

La Ley BIT fue aprobada , en lo general, en diciembre del 2004. Desde entonces el Gobierno y los empresarios de la industria turística esperan por su pronta aprobación en lo particular, para su puesta en vigencia.

La especialista detalló que a partir de la entrada en vigencia de la ley el propietario del proyecto que opte por los BIT, en el mejor de los casos, dispondrá de seis a siete años para echar mano de los bonos.

“Para hacerlo el propietario del proyecto primero tendrá que estructurarlo y eso podría conllevar como mínimo un año, porque la etapa implica una serie de autorizaciones, además conlleva la venta de los bonos, y la constitución del fideicomiso”, agregó.

Tras esto, con los fondos provenientes del bono, el inversionista construye.

“Eso toma entre tres a cuatro años, y a eso se suma el hecho de que un proyecto no genera utilidades en los primeros años (dos o tres tras la construcción) así es que el Impuesto sobre la Renta (IR), que ya está dado por la Ley 306 en esta etapa no se toca”, insistió.

En cuanto al Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), Herdocia manifestó que el inversionista estará utilizando sólo el 40 por ciento del impuesto, es decir lo que corresponde al débito fiscal, que se podría compensar otorgando el 13 por ciento de las acciones al Estado.

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