El genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra están entre los peores delitos y el Derecho Internacional contemporáneo establece que ellos nunca prescriben.
Aunque no haya tenido un espacio noticioso considerable en los medios centroamericanos fuera de Guatemala, la presencia de un juez de la Audiencia Nacional y un fiscal de España, para tratar de interrogar a varios personajes acusados de ese tipo de cosas, tiene una gran importancia política internacional y una simbólica.
El juzgamiento y castigo a esos abominables actos tiene carácter internacional y extraterritorial, de acuerdo a las normas mundiales. La máxima expresión de esa idea de justicia global es la Corte Penal Internacional, a la cual Nicaragua aún no reconoce, como tampoco Guatemala y El Salvador, en Centroamérica.
Once personas, entre ex militares y civiles, fueron acusadas de genocidio y crímenes contra la humanidad por la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú.
La Audiencia Nacional de España admitió la querella y se declaró competente para juzgar a estos ex represores de la época de la guerra civil de 1960-1996. Entre ellos, destacan antiguos jefes militares, un ex jefe de Policía y los ex dictadores golpistas José Efraín Ríos Montt y Oscar Humberto Mejía. También se pretende juzgar a los responsables del salvaje ataque a la embajada de España en 1980, que significó la muerte de 37 personas.
Los Acuerdos de Paz de 1996 permitieron el fin del conflicto, el desarme de la guerrilla y abrir una nueva etapa política. Una comisión de la verdad investigó los hechos históricos y estableció que en más del 80 por ciento de los crímenes de la guerra, la responsabilidad recae sobre las fuerzas de seguridad del Estado guatemalteco. La revelación le costó la vida al obispo auxiliar Juan Gerardi Conedera en abril de 1998, quien presidía el proyecto Recuperación de la Memoria Histórica.
Posteriormente, la Comisión de Esclarecimiento Histórico, nacida de los acuerdos, confirmó aquellos hallazgos.
Sin embargo, hasta hoy, no se ha hecho justicia. Los autores de estos crímenes siguen impunes. Y sigue sin respuesta el clamor de miles de víctimas o de sus familias. El conflicto costó más de 200 mil vidas, en su mayoría, víctimas de la represión contrainsurgente.
Menchú y otros activistas agotaron medios locales para tratar de lograr justicia. En vano. Los ex represores son gente con poder e influencia. La justicia guatemalteca está bajo influencias políticas, está infiltrada por el crimen organizado, no es independiente. Por ello, acudieron a Europa.
Un dirigente de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua) amenazó, ante “esta provocación comunista” — como llamó los reclamos sociales— con “consecuencias trágicas”.
Gracias a recursos legales, los acusados han logrado parar las diligencias que debían llevar a cabo el juez Santiago Pedraz y el fiscal Jesús Alonso, cuestionando la competencia de un juez local. Algunos, como el interpuesto por Ríos Montt —caudillo del principal partido opositor—, fueron aceptados.
En amplios círculos sociales, pocos creen que, al final, estos señorones de la guerra y la represión declaren, según me comentaban colegas periodistas por teléfono.
Menos aún que vayan a ser apresados o castigados. Es muy probable que acciones semejantes alteren la paz política y el de por sí imperfecto proceso democrático de un país ya prisionero de la violencia criminal. Los antiguos dirigentes de los regímenes militares tienen vínculos con matones y mafiosos que podrían sembrar el caos, o segar nuevas vidas.
El afán de justicia es moralmente correcto. A ella tienen derecho las víctimas de la represión, pero saciar esa sed puede tener consecuencias imprevisibles para el país.
Sin embargo, esos ex represores ya han sido moralmente condenados a los ojos de la sociedad guatemalteca y de la comunidad internacional. Aunque sean condenados en España pero nunca entregados por un Poder Judicial local intimidado o comprado, sabrán que no pueden dormir tranquilos y que si ponen un pie fuera de Guatemala, serían detenidos.
Como lo demostró el caso del ex dictador chileno Augusto Pinochet —detenido en Inglaterra y finalmente liberado gracias a una compleja negociación política y diplomática—, los crímenes de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos pueden ser perseguidos en cualquier parte, no importando si fueron cometidos o no en la nación donde se ubica el tribunal.
Ninguna causa política o ideológica era o es suficientemente justificada para recurrir a tanta brutalidad. Y allí donde ésta ocurrió, debería hacerse justicia o al menos debería intentarse hacerla, para la salud moral de la conciencia colectiva.
