El Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito entre Centroamérica y Estados Unidos, al que se adhirió República Dominicana, es conocido por la sigla en inglés DR-Cafta y forma parte del ordenamiento jurídico-político de Nicaragua; ya que se acordó a nivel de los Poderes Ejecutivos y luego fue suscrito por los presidentes centroamericanos y ha sido ratificado por la Asamblea Nacional y posteriormente publicado en La Gaceta, Diario Oficial.
Además la misma Asamblea Nacional discutió y aprobó varias leyes que se consideraban “complementarias” para que dicho tratado fuese aceptado por los otros países y entrase en vigencia en Nicaragua.
Similares procesos han ocurrido en El Salvador, Honduras y República Dominicana, estando pendiente la culminación de tales procesos en Guatemala y Costa Rica.
En el Editorial del 16 de mayo pasado el Diario LA PRENSA informaba del compromiso adquirido por el candidato presidencial del FSLN, de “que en el supuesto caso de que ganara la elección presidencial del 5 de noviembre próximo, sacará a Nicaragua del DR-Cafta y lo unirá al Alba (Alianza Bolivariana de las Américas), como llaman al proyecto estratégico económico-político que financia Chávez, con el fin de impulsar en toda América Latina la revolución bolivariana y la construcción del socialismo del siglo XXI”.
Conociendo tal información llamó la atención que en el discurso de Daniel Ortega, al presentar la fórmula presidencial del FSLN, no hiciera alusión alguna a este tema, mismo que es de vital importancia, pues ponerle fin al DR-Cafta podría significar un cambio radical del rumbo que ha venido desarrollando Nicaragua en los últimos diecisiete años.
Podemos pensar en que no aludir este tema vital sea una simple omisión involuntaria. Pero también podría significar un silencio intencional para no hacer pública la posición que se tiene al respecto y quedar así libre de todo compromiso para el futuro inmediato.
Ante la culminación de un proceso electoral que definirá el futuro de Nicaragua, es conveniente que los electores tengamos toda la información que requiere el uso racional y correcto del derecho del sufragio, para precisar el mandato que, mediante el voto, se otorgará al futuro Presidente de nuestro país.
Quien acepte y apoye el DR-Cafta así debe expresarlo en forma diáfana, honesta y transparente. Igual deberá hacerlo quien lo rechace y denuncie, expresando la alternativa que se ofrece.
El DR-Cafta no es sólo el marco actual convenido por Centroamérica y Estados Unidos, implica también la escogencia entre una estrategia de buenas relaciones con Estados Unidos y demás países de Centroamérica o una estrategia de confrontación y mala vecindad con dichos países.
Estados Unidos impulsa su propia estrategia denominada “Área de Libre Comercio de las Américas” (ALCA) y los Tratados de Libre Comercio (TLC) son su forma táctica de implementarla. El presidente Chávez ha denunciado a los TLC como mecanismos de dominación del imperialismo norteamericano y por lo tanto incompatibles con su propia estrategia bolivariana-Alba. En consecuencia “sacó” a Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), un proceso de integración regional que abarca a Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú. El primero y los dos últimos de estos cinco países están en procesos de negociación de correspondientes TLC con Estados Unidos, lo que dio motivo para que el presidente Chávez no dudara en desarticular el proceso andino de integración regional.
Entonces, cabe preguntarse si el futuro Presidente de Nicaragua decide “sacar” al país del marco regional del D-Cafta, estará también dispuesto a desarticular el proceso de Integración Centroamericano (SICA), en base a que el resto de países del sistema, salvo Costa Rica, estarían “contaminados” por el TLC que los une, con Estados Unidos y por ser incompatibles con él “unirse” al Alba?
Cuestión ésta que debemos promover como un tema principal de campaña, demandando de cada candidato presidencial su posición sobre el mismo. Así los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses podremos marcar una decisión informada y el tema no quedaría a la discreción de quien asuma el poder, quien podrá alegar que no ha habido un mandato popular al respecto.
El autor es secretario del Partido Resistencia Nicaragüense (PRN)
