En las elecciones del próximo 5 de noviembre los ciudadanos nicaragüenses escogerán a los políticos que van a ocupar 224 cargos gubernamentales (Presidente y Vicepresidente de la República, 91 diputados nacionales y 91 suplentes y 20 diputados al Parlamento Centroamericano con sus 20 suplentes) que en su mayoría son empleos jugosamente remunerados y acompañados de múltiples privilegios, por lo cual son tan codiciados.
En realidad, es una enorme cantidad de dinero —proveniente de los impuestos que pagan los ciudadanos, de ninguna otra fuente—, la que se gasta en pagar los sueldos y privilegios adicionales que reciben esos políticos después que toman posesión de sus cargos, aparte de la invaluable riqueza intangible que significa la cuota de soberanía popular y la esperanza que los votantes depositan en ellos, al escogerlos en las urnas electorales.
Por eso es que la sociedad y los ciudadanos deben someter a los políticos candidatos a un riguroso escrutinio, previo a la elección, y no sólo de sus propuestas y promesas de campaña electoral sino también, y ante todo, de sus antecedentes profesionales, laborales y personales.
La elección de gobernantes y representantes no es sólo el acto específico de concurrir a votar en la Junta Receptora de Votos correspondiente a cada ciudadano. Antes de elegir se debe escudriñar a cada candidato, a lo largo de varios meses, durante la campaña electoral. Y para esto es absolutamente indispensable que los ciudadanos dispongan de suficiente información objetiva, libre e independiente, proporcionada por los medios de comunicación social. Sólo así se puede conocer de verdad a cada candidato, puesto que por lo general hay mucha diferencia entre lo que él dice ser en sus promesas y propaganda, y lo que es en la realidad.
De manera que durante la campaña electoral deben abrirse los armarios de los candidatos para que salgan todos los fantasmas que se esconden en ellos, ya sean acciones represivas que se cometieron durante las dictaduras del pasado (como por ejemplo la acción militar de la “Navidad Roja” de 1981, calificada como genocida por los sobrevivientes), o las implicaciones en actos de corrupción en el manejo de bienes públicos, o el enriquecimiento ilícito si es que lo hubo en el negocio de los Ceni, o las denuncias de irregularidades en la realización de costosas obras públicas, así como también comportamientos personales dudosos y viejas acusaciones por abuso sexual o nuevas denuncias de violencia conyugal.
Los políticos-candidatos que son afectados por la publicación de informaciones sobre asuntos que ellos quisieran mantener ocultos en sus armarios, alegan que esas son artimañas de sus adversarios y contendientes que tratan de perjudicar su imagen para derrotarlos en los comicios. Y además acusan a los medios de comunicación de remover innecesariamente hechos y delitos del pasado que, inclusive, de acuerdo con la ley ya prescribieron.
Pero todas las personas que aspiran a obtener un cargo gubernamental que será generosamente pagado con fondos públicos, tiene la obligación de mostrar sus antecedentes ante los electores. Y si no los muestran por su propia voluntad, los medios de comunicación deben investigarlos y sacarlos a la luz pública. Incluso en los casos de hechos que ocurrieron hace veinte años o más, los ciudadanos tienen que conocerlos o recordarlos, para saber a qué atenerse a la hora de confiar al candidato su voto, sus impuestos, su esperanza, su inversión para el futuro y su derecho de soberanía.
Cada persona que sea elegida de manera directa e indirecta por los ciudadanos, tiene que llenar los requisitos de competencia profesional que exige el perfil del cargo que va a ocupar. Y todos en general deben cumplir la condición de idoneidad moral, es decir, carecer de antecedentes penales, no haber estado involucrados en hechos bochornosos y escandalosos, y por eso mismo gozar de la confianza pública, independientemente de su origen y pertenencia social, de su afiliación política y de su credo religioso o ideológico.
La sociedad nicaragüense está sufriendo una profunda crisis política y moral que se caracteriza, entre otras cosas, por el descrédito de los partidos políticos y de los políticos en lo personal. De manera que es también en su provecho que los políticos deben abrirse al escrutinio de la sociedad, y dejar el campo libre a otras personas que sean mejores, en el caso de tener colas que se les pudiera pisar.
